España apenas tenía leyes para proteger la naturaleza antes de su entrada en la UE. "Era cosa de cuatro ecologistas", según Joaquín Nieto, exdelegado de Medio Ambiente de CCOO. Ha pasado de ir en el furgón de cola a aplicar normativas que se sitúan entre las más avanzadas. Entre ellas, las directivas de agua, protección de aves o calidad del aire, que han permitido mejorar la conservación de la variedad paisajística. De hecho, es uno de los países con mayor superficie protegida: un 27% en la Península y un 47% en Canarias. El problema, según Nieto, es que la UE no ha transferido "la financiación suficiente" para proteger la biodiversidad. "Es una de las lagunas más importantes de la legislación europea", dice.

Aunque España también tiene asignaturas pendientes con Europa. Han descendido las emisiones contaminantes pero, aun así, sigue siendo uno de los países de la UE más incumplidores del protocolo de Kioto.

Además, la transposición de las directivas no es todo lo rápida que cabría desear. Uno de los ejemplos más clamorosos se da en las costas. La extensión del ladrillo incumple normas, pero ahí siguen muchos edificios ilegales sin demoler. "Europa nos ha dado las herramientas legales, pero somos las oenegés las que tenemos que velar por su cumplimiento", denuncia Mario Rodríguez, de Greenpeace.