En los albores de la II República, el Gobierno decidió hacer realidad la vieja aspiración de la tierra para quien la trabaja y entregó gratuitamente las dos fincas de dehesa que la Casa de Alba tenía en el término municipal de Zahínos a los comuneros, 375 arrendatarios que eran quienes las explotaban.
La aventura duró lo que duró la República, y así, tras la Guerra Civil, Franco devolvió Cabra Alta y Cabra Baja a la familia de aristócratas. Se constituyó entonces la Sociedad de Arrendatarios, a la que se permitió continuar explotando las fincas a cambio de 92.000 pesetas por año.
Este estado de cosas se mantuvo, con revisiones del canon de arrendamiento, durante medio siglo. En 1990, y cuando los comuneros ya pagaban 36.000 euros por año, llegaron tiempos de zozobra, ya que vencía el alquiler y se anunciaba una revisión al alza de los arrendamientos.
EXPROPIACION Y LITIGIO
Fue entonces cuando la Junta se decidió a intervenir. El 7 de febrero, y amparándose paradójicamente en una ley franquista, la de 1973 de Reforma y Desarrollo Agrario, y otra de UCD, la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, Juan Carlos Rodríguez Ibarra firmaba los decretos de expropiación.
La intención no era sólo evitar que los 367 comuneros que había entonces, herederos de los antiguos inquilinos de los Alba, se viesen expuestos a un fuerte incremento de los arriendos, sino también acabar con una situación injusta: cada comunero sacaba en limpio poco más de 450 euros al año, ya que las fincas estaban infraexplotadas al no atreverse los arrendatarios a invertir sin saber qué pasaría en el futuro, mientras los propietarios de las tierras recibían 2,4 millones de euros en ayudas agrarias de la PAC.
Arrancó entonces un litigio cuyos resultados sí han sido cuestionados.
Así, Junta y Casa de Alba entablaron una primera negociación: el Gobierno regional ofreció 900.000 euros por las 2.477 hectáreas que abarcaban las dos Cabras , mientras los Alba exigían el doble. La Junta elevó su oferta a 1,2 millones de euros, mientras los aristócratas rebajaban sus pretensiones hasta 1,5 millones de euros. Esos 300.000 euros marcaron la diferencia entre el acuerdo y el pleito.
A LOS TRIBUNALES
El asunto pasó a los tribunales. En 1991, el Supremo confirmaba que había motivos para expropiar por interés social , pero aún quedaba lo más duro, el justiprecio. Las posturas entonces sí se habían distanciado de manera clara: el Ejecutivo regional señaló que las dos fincas valían 840.000 euros, mientras la Casa de Alba triplicó su exigencia inicial y las tasó en 5,86 millones.
A mediados de los noventa, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó un fallo salomónico, y determinó que el justiprecio era de 3,38 millones de euros. A nadie gustó la decisión, y el recurso se resolvió el pasado año en el Supremo, que confirmó lo dicho por el TSJEx y añadió los intereses, que sumaban 2,24 millones.
El coste final se elevó, por tanto, a 5,62 millones de euros, tres veces más de lo que pedían los Alba en 1990.
Ahora, los comuneros tiene ante sí una hipoteca a 62 años, por la que pagarán 4.000 euros anuales. De este modo, volverán a ser dueños de pleno derecho de las Cabras justo 162 años después de que sus antepasados accediesen a la propiedad de las fincas.
