Como coordinador del estudio, Luis Murillo defiende los resultados de la investigación que ha dirigido y avisa de los riesgos que puede entrañar el nuevo modelo de financiación autonómica.

--¿Sería viable que la Junta de Extremadura defienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Estado debe aportarle 1.600 millones de euros para compensar sus deficiencias en el acceso a servicios fundamentales, como recoge el estudio?--Se trata de algo cuya respuesta corresponde a nuestros políticos, pero desde el punto de vista técnico, éstos son los hechos.

--Pero decir que Extremadura necesita 96 centros de salud, 18 hospitales y 110 institutos más parece inviable, tanto por inversión como por la disponibilidad de recursos humanos.--En ningún momento el estudio concluye que Extremadura necesite un número de centros educativos o sanitarios adicionales a los ya existentes. No es éste el objetivo de nuestra investigación. Son sólo una unidad de medida. No se trata de construir, sino de cuantificar el déficit actual. Si hablamos de Sanidad, por ejemplo, no se trata de construir un hospital en cada rincón de la comunidad, sería absurdo, sino de mejorar la accesibilidad a los mismos invirtiendo en mejores comunicaciones, en telemedicina, historiales clínicos informatizados, receta electrónica, sistemas de información- Todos estos aspectos acercan también la atención sanitaria al ciudadano. Todos estos aspectos tienen un coste y necesitan una financiación. En el caso de Extremadura, para igualar nuestra situación a las medias nacionales en Educación y en Sanidad, se requerirían 1.600 millones de euros más de los que se vienen recibiendo actualmente.

--Entonces, sí es coherente que la Junta ponga este trabajo encima de la mesa de negociación.--Como técnicos hemos puesto un instrumento en sus manos. Se suele decir que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Pero no nos corresponde determinar a nosotros lo que pueda resultar coherente o no desde el punto de vista del cálculo político. Eso sí, si lo que queremos es corregir la situación de desigualdad actual, desde luego que resultaría indispensable.

--Sobre las balanzas fiscales se ha dicho que son poco imparciales y poco rigurosas. ¿Si este estudio lo aplicasen en Asturias o Cataluña el resultado sería el mismo?--Evidentemente. Pero no sólo para Extremadura sino para todas y cada una de las comunidades autónomas. Nosotros no hacemos más que reflejar la realidad, y ésta es la que es. La única diferencia es que en este caso ha sido desde la Universidad de Extremadura, y no desde otras, desde la que por primera vez, a nivel nacional, se aborda este tema de forma sistemática, científica y detallada.

--¿El actual modelo de financiación no contribuye a lograr la convergencia interregional?--A la vista de los resultados, es evidente que no. Pero no sólo el actual modelo, sino todos los anteriores. La explicación radica en el excesivo peso otorgado a la variable población y en el inadecuado tratamiento dado a la variable dispersión. Con todo, Extremadura no es ni la única, ni la más perjudicada por esta situación, sino que se ven afectadas un conjunto mayoritario de comunidades (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias, Baleares, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Navarra, Canarias), y lo que es más importante, un gran número de ciudadanos en todo el territorio nacional. Es un problema que afecta a la equidad del sistema en su conjunto.

--Por lo poco que se conoce, ¿el modelo que prepara el Gobierno beneficia o perjudica a la región?--Aún no se conocen las cifras, por lo que es difícil pronunciarse. Lo que está claro es que si el modelo resultante continúa sin ponderar adecuadamente el problema de la dispersión de la población, seguirá perjudicando a todas las comunidades antes mencionadas.

--El Gobierno cederá más impuestos a las comunidades. ¿Eso supone menos Estado, menos unidad y mayor desigualdad?--Efectivamente. Si con los recursos que el Estado ha dispuesto hasta ahora no se ha conseguido una mayor igualdad, es razonable pensar que con menos recursos, los problemas de equidad tenderán a aumentar. Sería deseable que el Estado siga disponiendo de recursos suficientes para poder garantizar los principios de igualdad y solidaridad establecidos por la Constitución.