Las actuaciones, tanto administrativas como judiciales, contra los delitos de Medio Ambiente relativos a la ordenación del territorio, a las construcciones ilegales, están experimentando una mayor dureza.
Así lo reconoció a este diario el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Antonio Galán, según el cual "ordenar el territorio y poner freno a las construcciones ilegales, a que cada cual edifique donde quiera, como quiera, sin licencia... que hay que reconocer que es algo que estaba en toda España un poco dejado, va a tener a partir de ahora un mayor control y dureza".
Aunque contra estos delitos se actúa desde todos los estamentos, desde el político al judicial e, incluso, el social, Galán puntualizó que en principio es una competencia municipal y de las comunidades autónomas.
Casos graves
"Es una función administrativa y son los ayuntamientos y comunidades autónomas los que lo tienen que regular, y la Administración tiene además potestad para actuar, sancionar e incluso derribar la edificación", reservándose para la Justicia, añadió, "los casos más graves y sangrantes".
De todas formas, lo que parece estar claro, es que tanto la Administración, regional y municipal, como la Justicia, están dispuestos "a acabar con lo que es el urbanismo salvaje" y a actuar para que ni casos graves como los que se han producido recientemente en Marbella o Canarias, ni tampoco más leves, se sigan produciendo.
