Es la primera extremeña en llegar a una cartera ministerial. Tras su paso por las consejerías de Presidencia y Fomento en la Junta de Extremadura, José Luis Rodríguez Zapatero le confió el Ministerio de Vivienda, un departamento de nueva creación y concebido como una de las joyas para esta legislatura. Quince meses después de llegar al cargo, María Antonia Trujillo analiza para EL PERIODICO EXTREMADURA cómo están los proyectos puestos en marcha bajo su gestión.

--¿Cómo ha sido este año?--Un año de muchísimo trabajo y del que estoy muy satisfecha porque no sólo se ha creado un ministerio, sino también por las políticas que se han aprobado. En julio aprobamos el plan de choque de vivienda, que ha supuesto incrementar hasta 180.000 las viviendas anuales puestas a disposición de los ciudadanos. Aprobamos la Sociedad Pública de Alquiler, como herramienta dinamizadora del mercado. Y por último, el Plan Nacional de Vivienda 2005-2008 con una previsión presupuestaria de 6.822 millones de euros de capital directo para ayudas y subvenciones, además de los 33.000 millones de créditos hipotecarios generados para acceder a estas viviendas. Pero además la Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), nuestro operador público de suelo, ha estado trabajando en la firma de convenios para parques empresariales y residenciales, como es el caso de la experiencia piloto en Mieres para la construcción de 800 viviendas protegidas. Tenemos proyectos muy importantes de transformación de suelo.

plan de choque

--Para ser un ministerio sin competencias propias ¿si no existiera habría que haberlo inventado?--Totalmente. Esto es un tópico, pero si no existiera habría que inventarlo. Porque hasta ahora nunca se había hablado de vivienda. Hasta ahora, la mejor política de vivienda era de la que no se hablaba. Y ahora, tenemos interés en resolver la preocupación de los ciudadanos y que la economía española no asuma ningún riesgo. Este ministerio está demostrando que se pueden hacer muchas cosas en materia de vivienda, como será la próxima Ley del Suelo, el Código Técnico de la Edificación o el Libro Blanco de la Sostenibilidad.

-- ¿Cómo se puede organizar un mercado en el que el precio del suelo supone un 25% del precio de la vivienda?--Hemos llevado a cabo varias iniciativas en relación con el suelo. Primero, poner suelo público de la Administración General del Estado para políticas de vivienda protegida, lo que tiene un efecto inmediato en el precio. A día de hoy, tenemos suelo para más de 30.000 viviendas protegidas en toda España. Pero además, SEPES tiene y compra suelo, y estamos reorientando su cartera de suelo hacia la política residencial. Y además, el proyecto de Ley de Suelo.

--¿Y qué aportará esa nueva ley?--Es un borrador, pero yo creo que su contenido es novedoso y revolucionario. La legislación actual está muy cuestionada por los ayuntamientos, las autonomías y los profesionales del sector. La legislación planteó una liberalización del mercado del suelo para abaratar la vivienda y el resultado ha sido que entre 1996 y el 2004 el precio de la vivienda se ha incrementado un 138%. Por lo tanto, la medida no cumplió sus objetivos. ¿Por qué? Por considerar el suelo un bien patrimonial y no como un recurso natural, escaso, no reponible y que además es social porque está asociado inexorablemente a la vivienda. Hasta ahora se asociaba el suelo a la propiedad. Con la nueva ley, concebimos el suelo como ese recurso natural y social para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y a un medio ambiente sostenible y al desarrollo de las ciudades.

--¿Y eso cómo se articula?--Lo primero que regula la ley es el estatuto básico de la ciudadanía, de sus derechos y deberes en cuanto al suelo. Antes el suelo iba asociado al propietario y ahora se asocia al ciudadano, propietario o no de ese suelo. Y todo ello englobado dentro de un desarrollo urbano sostenible donde la gestión de suelo se vincula al acceso a la vivienda. Además, pretendemos aumentar la transparencia y la participación del sector. El ciudadano tiene que saber qué es lo que los poderes públicos están decidiendo en cuanto a la construcción de la ciudad y sus garantías para acceder a la vivienda. Queremos que los ciudadanos participen en la transformación del suelo para hacer efectivo esos derechos. Y por último, pretendemos combatir la especulación del suelo. Esta es una ley incentivadora de la edificación, sin anticipar las plusvalías.

--Su Plan de Vivienda ha recibido muchas críticas previas, del sector y de las autonomías.--No estoy de acuerdo. Es el plan más social y participativo de la historia de la democracia. A un plan hay que juzgarlo por el momento en que se aprueba. ¿Ha habido alguna voz discrepante desde su aprobación? En su