Mariano Rajoy solo salvó ayer las pensiones del alcance de los tijeretazos que va a tener que aprobar para cumplir con los objetivos de déficit. El próximo jefe del Ejecutivo anunció que actualizará estas prestaciones, una concreción que no obtuvieron los funcionarios, a los que José Luis Rodríguez Zapatero recortó el sueldo hace dos años.

La de las pensiones es la "única" partida que Rajoy está dispuesto a aumentar. "Todas las demás pueden ser revisadas", afirmó. De esta manera voluntariamente confusa, el líder del PP vino a decir a los funcionarios que sus sueldos, como mínimo, van a ser congelados. Y comunicó, además, que el año que viene no repondrá personal del sector público, excepto en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios públicos básicos.

Rajoy subió a la tribuna de oradores con un discurso especialmente ambiguo en muchos aspectos (como en la financiación de la sanidad y la educación), pero muy preciso en algunos capítulos económicos. Después de hacer una radiografía de la pésima situación económica de España, el dirigente conservador notificó un calendario con una docena de reformas urgentes que quiere aprobar en el primer trimestre, incluida la laboral. Para la segunda ola de fusiones de las entidades bancarias ha dado tiempo hasta junio.

Primera reunión

El nuevo Gobierno, que celebra- rá su primera reunión del Consejo de Ministros este viernes, ya tiene algunos deberes para su segunda reunión, el 30 de diciembre. Ese día, el futuro presidente quiere aprobar un decreto de prórroga de los presupuestos (los suyos los aprobará en marzo), que incluirá "un acuerdo de no disponibilidad", eufemismo que se debe traducir como recortes y que no precisó. También contendrá una de las promesas del PP: la revalorización de las pensiones a partir del 1 de enero en función de la inflación prevista.

De acuerdo con el compromiso de España con la UE de situar el déficit público en el 4,4% del PIB a finales del 2012, el futuro Ejecutivo deberá hacer frente, como mínimo, a un ajuste de 16.500 millones (suponiendo que este año se cierre con el 6%, algo que Rajoy puso en duda).

El jefe de los populares aludió a esta cifra de ajuste en varias ocasiones, pero no desgranó cómo va a abordar el reto, algo que criticaron algunos portavoces. Solo aseguró que no tiene previsto aumentar el IVA. Lo que sí esclareció es la batería de rebajas fiscales que piensa acometer de forma inmediata, la mayor parte dirigida a emprendedores y pymes, así como la recuperación de la deducción por compra de vivienda.

Modelo hipotecario

El dirigente conservador hizo un guiño a los indignados y aceptó que se pueda elegir un modelo de hipoteca que incluya la dación en pago en caso de insolvencia, si bien advirtió de que estos préstamos resultarían más caros y, en todo caso, rechazó que esta cláusula pueda tener efecto retroactivo.

Rajoy situó entre sus prioridades el saneamiento del sector financiero, aunque rechazó la posibilidad de crear un banco malo que agrupe los activos tóxicos inmobiliarios. El dirigente conservador no tiene intención de dedicar dinero público a la reestructuración.

Supresión de los puentes

Se hizo eco de una petición de la patronal y anunció que acabará con los puentes. Rajoy explicó que trasladará las fiestas al lunes más cercano, excepto en el caso de las fechas de "mayor arraigo social", una expresión que deja demasiado espacio a la argumentación.

También se mostró muy tajante, después de mucha presión, cuando dijo que piensa mantener la jubilación en los 67 años. "Esa medida está en el plan de estabilidad de España ante la UE", apuntó. Además, Rajoy aseguró que quiere acabar con las prejubilaciones salvo en casos muy excepcionales, y que piensa abordar cambios en el modelo educativo y promover un bachillerato de tres años, como tienen algunos países del norte de Europa.