Al menos 12.200 extremeños están pagando recargos en su factura mensual de la luz que van de los 15 a los 30 euros por no tener instalado el Interruptor de Control de Potencia (ICP), un sistema que es obligatorio por ley para todos los consumidores desde el 1 de enero del año pasado. La mayor parte de estos usuarios, unos 12.000, son clientes de Endesa --por tanto están en la provincia de Badajoz--, mientras que los restantes 200 lo son de Iberdrola. De estas cifras quedarían fuera los clientes situados en las zonas donde operan las pequeñas distribuidoras, aproximadamente un 20% del total.

De acuerdo a una orden del Ministerio de Industria publicada a mediados del 2010, la comunicación a los consumidores de la obligatoriedad de instalar estos aparatos debe realizarse dos veces por "un medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado". Transcurrido un plazo de 20 días naturales a contar desde la segunda de las notificaciones, si no se acometen las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa o no se recibe respuesta, se procede al incremento de facturación. La penalización aparece concretada dentro de un apartado específico de la factura y debe desaparecer a partir del momento en el que se realice la instalación.

En Endesa explican que, "en números redondos", el recargo es de 15 euros mensuales a quienes tengan contratada una potencia menor a 5 kilovatios y de en torno a 30 si la potencia es superior a 5 kilovatios. En el caso de esta compañía, la campaña de aviso e instalación ha finalizado, "aunque se continúan haciendo trabajos de verificación o instalación si nos lo solicitan", mientras que en el de Iberdrola se indica que continuará hasta mayo.

Fuentes de esta segunda empresa detallan que "todavía se están enviando comunicaciones". "Antes de comenzar la campaña había 5.940 ICP pendientes de instalar, de los que ya se han puesto en torno a un 40%", añaden. Los dos centenares de clientes a los que se les está aplicando el recargo son usuarios "que siguen sin hacer el cambio" a pesar de que ya se le han realizado las comunicaciones.

La instalación puede efectuarse a través de la compañía de la que se es cliente o de un técnico particular, aunque si se opta por esta segunda vía también hay que avisar a la eléctrica con el fin de que precinte el equipo. En Endesa apuntan que en algunas ocasiones la no instalación obedece a que los clientes estiman "que puede costarles más caro adaptar sus instalaciones" que el pago del sobreprecio.

La función del ICP es impedir que la cantidad de energía que se consume en un momento determinado no exceda la potencia contratada. Javier Rubio, presidente de UCE-Extremadura, considera que la instalación de estos dispositivos "debían haberla asumido las empresas", ya que, argumenta, si la compañía está suministrando más energía de la contratada "es su problema, no del cliente". En el Ministerio de Industria, en cambio, se resalta que el ICP es "algo que también le viene bien al cliente, porque le ayuda a controlar lo que consume".

DOS OPCIONES El usuario tiene en cualquier caso, dos alternativas: comprar el ICP o alquilarlo. Si se decide por la primera, detalla Rubio, tendrá que pagar unos 30 euros por el aparato más otros nueve por el precintado.

Sin embargo, el máximo responsable de UCE-Extremadura recomienda la opción del alquiler, que supone abonar cada mes varios céntimos más en la factura de la luz (a partir de tres céntimos de incremento, dependiendo del tipo de instalación) más el coste del precintado. Y lo hace por varias razones.

En primer lugar, porque al ser propiedad de la empresa, sería esta la que se responsabilizase, por ejemplo, de su sustitución en caso de avería. Además, con el régimen de alquiler pasarían varias décadas antes de que se amortizara el equipo y antes del 2018 todos los hogares deberán disponer ya de un contador inteligente --los que permiten la discriminación horaria y la telegestión--, que ya incorpora este tipo de dispositivo.

Precisamente, este es otro de los aspectos que critica Rubio, que se esté obligando a los consumidores a invertir dinero en un aparato que en pocos años no va a servir para nada. La normativa exigía que entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2010 las eléctricas hubiesen sustituido ya un 30% del total del parque de contadores de hasta 15 kilovatios de potencia contratada --la gran mayoría--. Endesa, que cuenta con unos 260.000 clientes en Extremadura, apenas si ha instalado un millar de contadores de este tipo. "La cosa va más lenta de lo que nos gustaría", dicen en el Ministerio de Industria, donde admiten que hay "cierta preocupación" por esta cuestión.

En este sentido, Javier Rubio señala que las eléctricas no dan información sobre los planes de sustitución del parque de viejos contadores a pesar de estar obligadas a ello por normativa, de forma que un cliente no sabe cuándo se le va a instalar el nuevo aparato y por tanto si puede evitarse tener que pagar el limitador. De hecho, recientemente ya han presentado la reclamación de un consumidor que pide que se le instale el contador digital en lugar de verse obligado a poner el ICP.