Más de 128.000 clientes extremeños de las compañías Sevillana Endesa e Iberdrola ahorrarán en la tarifa de la luz partir del 1 de julio próximo debido a la llamada tarifa social eléctrica, ya que solo pagarán por el consumo que realicen pero no por la potencia instalada. Esta situación beneficia a quienes tengan contratada una potencia igual o inferior a tres kilowatios (Kw), que en el caso de Extremadura son los clientes ya apuntados. Esto supone que se beneficiarán uno de cada cinco usuarios en la región. Iberdrola da servicio en Extremadura a 320.000 clientes, la gran mayoría en la provincia de Cáceres, de los que 90.550 tienen contratada una potencia de 3 Kw o inferior; mientras que Sevillana Endesa opera sobre todo en Badajoz, donde da servicio a 280.000 usuarios, de ellos 38.000 con esa potencia instalada. Hay que destacar que cuando se habla de clientes con potencia instalada de 3 Kw no afecta únicamente a hogares, sino también a pequeños quioscos de prensa, contratos de escaleras de edificios, etcétera.
La normativa elaborada por el Ministerio de Economía, Turismo y Comercio incluye las características de la nueva tarifa social, para la que hay que tener una potencia contratada inferior a 3 Kw en la vivienda considerada primera residencia y contar con interruptor de control de potencia (ICP), mecanismo que hace que se corte la luz si el consumidor supera el límite de potencia contratada.
Quienes tengan tarifa social no pagarán la potencia contratada, pero hay un mínimo de consumo exento de pago que se ha fijado en 150 Kw anuales, 25 Kw cada dos meses. Todos los consumos por encima de este mínimo tendrán el coste normal del término de energía, pero los excesos que superen el consumo normal de cualquier familia tendrán una penalización.
El objetivo del Gobierno es proteger así a los hogares que con las subidas de las tarifas eléctricas tienen muchas dificultades para ahorrar en la factura de la luz. Se beneficiarán según las previsiones del ministerio en torno a 4,5 millones de hogares en España.
CRITICAS DE CONSUMIDORES Sin embargo, según las asociaciones de consumidores, conviene recordar que esa potencia instalada apenas sirve para tener encendidos tres electrodomésticos básicos al mismo tiempo, ya que si se tratan de utilizar salta el diferencial y se apaga la electricidad. Así, Javier Rubio, secretario general de la Unión de Consumidores (UCE) de Extremadura, señala que "si tienes encendida la plancha, el lavavajillas e intentas enchufar la placa de la cocina ya no puedes".
Los consumidores avalan esta tarifa social, pero critican que la subida generalizada de la factura, en torno al 10%. Esta organización suma la subida anunciada por el Gobierno de entre un 5% y un 6% de media, en torno al IPC, con los incrementos que ya ha sufrido el IPC en los últimos meses.
Conviene aclarar que la subida final no será ni entre el 20% y el 25% que pedían las compañías eléctricas; ni el 11,3% que reclamaba la Comisión Nacional de la Energía. En cualquier caso, UCE-Extremadura, con el objeto de que esta tarifa social beneficie de forma efectiva a los usuarios a los que va destinada, ha reiterado que el resto de tarifas no debe subir por encima del IPC.
Por su parte, la asociación de consumidores Facua ha pedido que esta tarifa social se vincule a la renta de los usuarios. Atendiendo únicamente al término de potencia, indica, "la segunda residencia de una familia de alto poder adquisitivo podría verse beneficiada" mientras que "una gran masa de consumidores con rentas muy bajas serían excluidos de la misma".
Además, también advierte que si la tarifa social se aplica a potencias contratadas inferiores a tres kilowatios, "no podrían acogerse a ella familias que pretendan utilizar simultáneamente un frigorífico, un aparato de climatización y una lavadora".
Facua considera que aún existen muchas incógnitas sobre las características de la tarifa.
Por ello, pide al Ministerio de Economía, Turismo y Comercio, que cuente con las asociaciones de consumidores representativas a la hora de desarrollar las políticas energéticas.
En este mismo sentido se posiciona la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que opina que esta tarifa debe calcularse a partir de los ingresos de los hogares, no del consumo. Asimismo, cree un error que todo se centre en la potencia contratada, ya que en las segundas residencias en muchos casos se contratan potencias mínimas, con lo que podrían acogerse a esta tarifa social, mientras que consumidores con menos recursos no se beneficiarán; y que en ningún modo puede compensar las subidas generalizadas.
Desde este ministerio se argumenta que los cambios que entrarán en vigor el próximo mes obedecen a la necesidad de cumplir con una directiva europea.
Por su parte, Unesa, la patronal de las industrias eléctricas, sostiene que a efectos de vender energía, con las nuevas tarifas se va a vender las misma. Si se gestiona bien, dice, la factura será un poco más pequeña, pero se trata de usuarios que van a consumir mucho.
