La Carta Social Europea establece que el salario mínimo de cada país debería alcanzar el 60% del sueldo medio, unos 1.100 euros en el caso de España. Pero la realidad está todavía lejos de esa cantidad, al menos en Extremadura. En la comunidad hay más de 260.000 trabajadores que perciben un sueldo anual inferior a 12.600 euros, lo que equivale a los 900 euros al mes -en 14 pagas- que marca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado este año. Esos 260.000 extremeños que ganan menos de esa cantidad suponen cerca del 60% del total de los asalariados que tenía la región durante el 2017, el último año sobre el que existen estadísticas disponibles en la Agencia Tributaria.

Por debajo de este nuevo mínimo salarial fijado están los 136.900 extremeños (el 53% mujeres) que percibieron un salario inferior a 5.000 euros anuales (entre el 0 y el 0,5 del SMI del 2017 que eran 707 euros/mes). También los 68.420 que cobraron ese año entre 5.000 y 9.900 euros anuales o entre 353 y 707 euros mensuales (de 0,5 a 1 SMI); y otros 62.000 extremeños que percibieron hasta 1,5 veces el salario mínimo de 2017 (casi 12.500 euros de media según la Agencia Tributara), la cifra que más se acerca al SMI que llega este año aunque no sin polémica.

CONTROVERSIA / La subida supone más del 22% sobre el salario del 2018 (735 euros mensuales) y tiene simpatizantes y detractores a partes iguales. Por un lado, están los propios trabajadores como Cristina, portera en un edificio, que no alcanza los 900 euros al mes, y los sindicatos que llevan tiempo reclamando que la recuperación que evidencian los indicadores macroeconómicos llegue a la clase trabajadora; pero, por otro lado, están los empresarios y la patronal que avisan de que este incremento podría tener consecuencias negativas en el mercado laboral, especialmente en el extremeño donde más del 90% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas (de menos de 250 trabajadores). ¿Qué consecuencias tendrá esta medida?

«Hay actividades económicas en las que ese incremento del coste de la mano de obra va a lastrar mucho la productividad y con ello también la competitividad», asegura Javier Peinado, presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). Denuncia que con un «decretazo» aumenta el sueldo mínimo más de un 22% mientras «los precios de los productos y servicios de las empresas extremeñas no se han incrementado de un día para otro esa cantidad. Y esto irá a costa de la rentabilidad de la empresa poniendo en riesgo su sostenibilidad, o a costa del empleo: hay quien intentará mantener la productividad con menos trabajadores para poder completar esa nómina». «Es una medida más efectista que realista», destaca.

Peinado recuerda además que la patronal firmó un acuerdo con los sindicatos para alcanzar los 1.000 euros de SMI en un plazo de tres años pero por la vía de la negociación, «analizando las peculiaridades de cada sector y territorio». Porque esta medida tampoco afectará igual a todas las autonomías.

POR CCAA / «No es lo mismo cómo puede afectar esta subida a los convenios del País Vasco, donde la incidencia será mínima, a los que tenemos en Extremadura, donde las rentas están muy por debajo de la media; los efectos perjudiciales serán mayores en esta región». Añade, además, que tocará de lleno a sectores con un importante peso en el PIB como agricultura, ganadería, dependencia, limpieza...

Desde el campo también secundan estas previsiones. La organización Apag Extremadura Asaja precisa que este incremento salarial se traducirá en despidos, ajuste de horas o incluso más trabajadores en negro al no poder las empresas hacer frente a los costes salariales. «Repercutirá negativamente en el sector primario extremeño, ya que se va a traducir en menores ingresos en las explotaciones lo que derivará, previsiblemente, en una reducción de la mano de obra». Recuerda que agricultores y ganaderos ya están castigados por «precios irrisorios y elevados costes de producción» y calcula que la subida afectará a más del 50% de todas las categorías del convenio del campo.

Los sindicatos, por su parte, no ven perjuicios, más bien al contario. «Si los trabajadores disponen de un sueldo mayor, tendrán más capacidad de compra y aumentará el consumo y la producción», defiende Alberto Franco de CCOO. «Ya era hora de que la recuperación económica se trasladara a los trabajadores, que han estado años aguantando subidas salariales del 0% y/o por debajo del IPC, perdiendo poder adquisitivo mientras las empresas incluso han incrementado sus beneficios».

Franco explica que la subida salarial la apreciarán sobre todo a aquellos trabajadores cuyas empresas no tienen convenio laboral propio, como el sector de la limpieza, el de pompas fúnebres en Cáceres, el de la lavandería, los porteros y conserjes... aunque hay otras con convenios que mantienen categorías en el salario mínimo. Y advierte de un dato a tener en cuenta: «los pluses extrasalariales (dietas, desplazamientos...) no cuentaN a la hora del cómputo del SMI. «Ahora hay que estar vigilantes para que se aplique ya este mes subida si no, lo denunciaremos», apunta Francisco Morcillo, de UGT.

Este sindicato también aplaude el incremento salarial: «Era una reivindicación histórica, los trabajadores han hecho esfuerzos importantes durante la crisis soportando subidas irrisorias y, aunque todavía no llega al 60% del salario medio que dice la OCDE, es una medida muy positiva. Ya es hora de que se reparta la riqueza».