Balanzas fiscales, cruces de acusaciones, bandos de comunidades pobres y ricas... Ni siquiera el verano y sus típicas vacaciones han conseguido que los políticos se den una tregua en el complejo y polémico debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Pero pocos saben que, de forma paralela, dos comisiones --una política y otra técnica-- se ocupan de redefinir el reparto de los fondos municipales, un modelo que --a diferencia del de las comunidades-- no ha sufrido ninguna modificación desde el inicio de la democracia.

Sin embargo, desde entonces los ayuntamientos sí que han asumido la prestación de muchos servicios que, según vienen denunciando de forma reiterada en los últimos tiempos, no son de su competencia. "Desde la ayuda a domicilio a la presencia de conserjes o limpiadoras en colegios, residencias, guarderías...", ejemplifica Ramón Ropero desde su amplia experiencia municipal, en su última etapa al frente de la alcaldía de Villafranca de los Barros desde el 2003.

Además, el socialista extremeño es el encargado de representar a su partido, como fuerza mayoritaria en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), en la Comisión Política encargada de estudiar la modificación del modelo de financiación municipal. Ropero considera que este cambio es imprescindible en un contexto en el que los ayuntamientos españoles llevan muchos años ofreciendo, y por tanto financiando con recursos propios, servicios que no son de su competencia y para los que, en consecuencia, no les son transferidos recursos.

De hecho, según el estudio promovido por la FEMP El gasto no obligatorio de los municipios españoles , los entes locales invierten entre un 27 y un 30% de su presupuesto en prestaciones que no les corresponde ofrecer. Esto supone, según dicho informe, que el Estado ha contraído una deuda con los municipios de entre 6.000 y 7.000 millones de euros. En Extremadura, esta cifra podría estar en torno a los 200 millones, de acuerdo con la estimación efectuada por la Fempex (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura) el mes pasado.

Sin embargo, la propuesta presupuestaria que el Gobierno ha presentado a la FEMP supone un varapalo para las pretensiones de los alcaldes, que no solo no consiguen más fondos, sino que incluso podrían recibir menos el año próximo como consecuencia de la actual crisis económica. No obstante, Ropero destaca que la cifra adelantada por el Ministerio de Hacienda, con Pedro Solbes al frente, aún no es definitiva y tendrá que pasar por un proceso de negociación.

En todo caso, el alcalde villafranqueño prefiere desvincular dicho debate del otro paralelo, y más amplio, sobre la modificación del modelo de financiación municipal, que en última instancia supone la promulgación de una nueva ley de haciendas locales. Además, dicha normativa se verá complementada por una ley de gobierno local, que deberá sustituir a la actual reguladora de las bases de régimen local. En esta última quedarán definidas, junto con otras cuestiones, las competencias que corresponden a los ayuntamientos, mientras que la norma sobre haciendas locales les dotará de recursos para hacerles frente. Entretanto, más allá de la polémica entre el Gobierno y los autonomías, los pueblos también debaten.