"Para obtener más ingresos las comunidades autónomas han preferido recurrir a la presión política antes que a elevar sus impuestos propios". Es una de las conclusiones y de las críticas principales extraídas del análisis que los catedráticos de Economía Carlos Monasterio Escudero e Ignacio Zubiri Oría han realizado al sistema de financiación autonómica; un trabajo publicado ayer por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y en el que también realizan propuestas de cara a la reforma que los gobiernos central y autonómicos están negociando.
Problemas del modelovigente actualmente
"Desde hace casi 30 años el sistema parece estar en conflicto permanente y en reforma continua. En buena medida esto se debe a que siempre ha habido comunidades, significativamente Cataluña, que han demandado que el sistema les diera más recursos", explican. Esta inestabilidad se debe, bajo sus puntos de vista, a la falta de consenso: "Porque en cada reforma las cosas no han cambiado demasiado y como se inyectaba más dinero, casi todo el mundo salía ganado". Pero también mencionan la "manipulabilidad" del Gobierno, que "ha demostrado que por intereses políticos cede con facilidad a las presiones de las comunidades", bien porque necesita apoyos para gobernar o bien para premiar a territorios "amigos".
Además, consideran que la distribución de recursos se realiza con criterios demasiado arbitrarios: "Nadie ha realizado un estudio de qué factores determinan la necesidad de gasto de cada comunidad y qué peso se debe dar a cada factor".
Reformas necesarias para mejorar el modelo
Ante esta situación, Monasterio y Zubiri proponen que el Gobierno se comprometa a no dar más recursos a las comunidades ni alterar los criterios esenciales de distribución salvo causa mayor. En este sentido, abogan por un pacto de Estado entre partidos o una ley específica de financiación que requiera mayorías cualificadas en el Congreso. De esta forma se evitarían las presiones de ciertos territorios y no se utilizaría la financiación como "instrumento para comprar votos o premiar lealtades".
Pero además, creen que el criterio de igualdad debe ser el poblacional: "Quien tenga una noción nacional de equidad debe aceptar que todos los ciudadanos que pagan los mismos impuestos, cualquiera que sea la comunidad donde vivan, tienen derecho a las mismas prestaciones. Esto es igualando los recursos per cápita", explican en referencia al principio "quienes tributan no son los territorios sino las personas". Para lograrlo apuestan por distribuir los recursos por habitante --o usuarios de los servicios-- y después restar a cada región la recaudación de los impuestos cedidos.
Además consideran necesario actualizar periódicamente la cantidad de dinero a distribuir, fijando el mecanismo de revisión, e incorporando el criterio de envejecimiento de la población. Según este estudio, las necesidades de financiación de las comunidades van a cambiar en los próximos años debido sobre todo al envejecimiento demográfico,que encarecerá la prestación de determinados servicios.
Críticas a las propuestasde algunos territorios
Monasterio y Zubiri no solo se limitan a analizar y realizar propuestas de cara al nuevo modelo, también recomiendan dejar fuera determinados criterios. Muchos de los que consideran censurables han sido presentados por Cataluña, Baleares o Comunidad Valenciana, bien durante la negociación o en sus reformas estatutarias. Así, los autores rechazan aumentar el porcentaje de impuestos cedidos a las comunidades (como el IRPF), dado que "no mejora el sistema: cada euro cedido en impuestos se reduce de su partida del Fondo de Suficiencia".
Asimismo consideran "sorprendente" que se prentenda limitar la financiación a solo determinados servicios --educación, sanidad y servicios sociales--. "¿No es aceptable que haya diferencias en educación, pero sí en carreteras, vivienda o saneamientos? Si todos pagan los mismos impuestos todos tienen derecho a las mismas prestaciones", advierten. Y también rechazan incorporar la negociación bilateral --"legalmente sería contrario a la Ley Orgánica de Financiación"--, tener en cuenta las balanzas fiscales --"las políticas se fijan igualando los niveles de vida de las personas y no de las regiones, además de que son saldos irrelevantes y parciales"-- o que se reivindique una bonificación para los territorios que más recaudan.
