El 20% de las recetas en la región son para dispensar medicamentos genéricos o por principio activo, en lugar de marcas. Esta tendencia al alza ha ayudado también a controlar la factura del Servicios Extremeño de Salud (SES) a la hora de pagar los fármacos. Esto supone que el pasado año se dispensaron en Extremadura algo más de cuatro millones de recetas prescritas por principio activo o genéricos.

"Los genéricos y el principio activo se recetan cada vez más", argumenta Dámaso Villa, director general de Asistencia Sanitaria del SES, que destaca el esfuerzo de la administración autonómica para que profesionales y ciudadanos hagan uso de este tipo de fármacos.

Para ello, el pasado mes de mayo la Consejería de Sanidad y Consumo presentó ante el Consejo Científico Asesor de Extremadura el Plan de Uso Racional de los Medicamentos, con el objetivo de concienciar y formar tanto a usuarios como a profesionales sanitarios en la utilización de medicamentos genéricos.

El SES intenta, a través de esta iniciativa, continuar progresando en el uso de medicamentos según sus principios activos a través de la formación de los médico y farmacéuticos y la información a los usuarios.

El Ministerio de Sanidad también ha tomado medidas para controlar el gasto, y el próximo 1 de marzo entrará en vigor la Orden Ministerial del Precio de Referencia, por el que pagará el medicamento más barato. Sin embargo, las oficinas de farmacia y la industria ya han mostrado algunas críticas al respecto.

Quejas del sector

El director general del laboratorio Ratiopharm en España, Rodrigo Román, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que la normativa es injusta, ya que su impacto no es homogéneo y afecta de forma "desigual" a los medicamentos genéricos, que tendrán "un impacto negativo del veinte por ciento de media, mientras que las marcas tan solo se verán afectadas en un cinco por ciento".

Además, asegura que el ministerio ha realizado "una serie de triquiñuelas" para ajustar los precios mínimos, utilizando productos que todavía no estaban a la venta, contabilizando productos iguales pero en formatos diferentes o mezclando presentaciones terapéuticas diferentes, lo que ha dado lugar a que los precios hayan sido más bajos.

Estos sectores insisten asimismo en que va a tener consecuencias económicas, con pérdidas de unos 12.000 euros de media por oficina de farmacia y un impacto económico total de 875 millones en toda la industria, al tiempo que también habrá consecuencias sanitarias y sociales. Además, estiman que el usuario tan sólo ahorrará 1 euro de media al año.

Por otro lado, las comunidades autónomas de Canarias, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana tienen previsto anunciar en breve un periodo de convivencia de precios de los medicamentos a partir de la entrada en vigor de esa normativa.

A este respecto, las empresas farmacéuticas advierten de la desigualdad que, a su juicio, se podría producir entre unas comunidades y otras en función de si se habilita este periodo de convivencia. Además, recuerdan que en la anterior bajada de precios del 2004 hubo un desabastecimiento de entre el 20 y el 30% de medicamentos en las oficinas de farmacia.