Lo que ocurre es que hay un sector de la política que ha tomado como bandera el oponerse al progreso social: ya lo hicieron con el voto femenino, con el aborto o con el matrimonio igualitario» declara tajante Pedro Fuentes, presidente de Son nuestros hijos, la asociación de familias por gestación subrogada más antigua de España.
Fuentes defiende que la gestación subrogada es una técnica más de reproducción asistida, con la única salvedad de que es la única que aún no está regulada por la legislación española.
«El que sea una técnica de reproducción asistida más no lo decimos nosotros, lo dice la propia ley española y otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud», explica.
Para Fuentes, el limbo legislativo en el país se explica por su propia incapacidad política: «Precisamente si en España estuviera regulado se evitarían las mafias. La explicación es que los políticos no son capaces de hacer una buena ley. Y son las leyes las que evitan la explotación», reitera.
Este ginecólogo y activista defiende un modelo altruista y que tenga el mismo carácter que el resto de técnicas de reproducción asistida.
«Nosotros defendemos un código ético que se sostiene en tres bases muy claras: el derecho de la mujer, el derecho del niño a conocer su origen y el derecho a la relación entre familia y madre gestante», enumera.
Fuentes no tiene duda de que esta cuestión se sustenta en la igualdad y la libertad de la mujer para ayudar a otros, por parte de la gestante, y de tener hijos, cuando se trata de una persona que acude a esta técnica.
«Creo que hay un ejemplo muy claro para reflejar cómo es una cuestión de diferentes derechos: si una mujer nace con el síndrome de Rokinstasky, sin útero o vagina, su situación es muy diferente dependiendo de donde haya nacido. En África será una marginada social. En España se le podría someter a una operación para que tenga una vagina nueva. En Canadá podrá tener esa operación y además contará con el derecho de ser madre. Tenemos que ver qué nivel de derechos para las personas queremos alcanzar», afirma.
Sin embargo, lo que para Fuentes es una cuestión de derechos y libertades, para otras posturas es mercantilismo del cuerpo de la mujer.
Así lo defiende Lidia Gómez, portavoz de la Red Feminista de Extremadura.
«Nos encontramos una vez más con el falso mito de la libertad de la mujer. El altruismo en este tema no existe», defiende.
Como ejemplo pone el caso de Canadá, país con un modelo altruista en el que «el índice de vientres de alquiler es mínimo».
«No nos engañemos. La intención de regular es interesada. La mayor parte de estas gestaciones no se harían aquí», afirma.
La activista reconoce que se trata de una cuestión muy compleja, que «conecta puntos en el ámbito jurídico, sanitatio, de la bioética y de la libre elección».
Por ello, considera necesaria una «profunda reflexión» ante las posibles regulaciones. De hecho, la Red Feminista organizó el pasado mes de junio una jornada dedicada a debatir este asunto.
«Nosotros estamos en contra de cualquier forma de explotación sexual de la mujer. Igual que está prohibida la compra-venta de órganos, debería estarlo el tener hijos a la carta. Si la gestante se arrepiente, el contrato le suele impedir abortar, del mismo modo que prevee que se rechace al bebé si éste nace con alguna enfermedad», explica.
Otra cuestión que Gómez pone sobre la mesa es la de la vulnerabilidad de los menores: «en países como Francia y Alemania no está permitido que se inscriban en el registro, por lo que los niños acaban en centro de menores. Entonces nos encontramos con el dilema de que si se permite registralos, se provoca un ‘efecto llamada’, y, si no, acabarán en un centro», dice.
La ley española autoriza la inscripción de los niños, con lo que si bien la gestación subrogada no está permitida en el país, la autorización de inscribirlos legalmente abre la puerta a realizar esta práctica en el extranjero.
«Es un tema muy complejo, porque no puedes dejar desamparado a un menor. Nuestra postura es que quizás se podrían imponer una serie de medidas disuasorias, sancionadoras, contra las empresas y los intermediarios que se lucran», afirma Gómez.
Sin postura definida
De lo que no cabe duda es de que la complejidad de este tema hace que muchos individuos, colectivos y hasta la mayoría de partidos políticos no hayan conseguido aún consensuar una posición cerrada al respecto.
Muchos se encuentran en este momento en proceso de debate interno para poder definir una postura conjunta.
Es el caso de la Asociación de Familias Adoptantes de Extremadura (Afadex). «En la actualidad estamos en un proceso de discusión dentro de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (Cora)», dice su presidente, Juan Antonio Pavón Pérez.
Otro de los colectivos apuntados en este debate es el LGTBI, ante la creencia de que es uno de los más recurrentes a estas técnicas. Sin embargo, investigaciones como la realizada por la revista Oxford Academy apuntan a que sólo un 20% de las parejas que acuden a la gestación subrogada son homosexuales.
El presidente de la Fundación Triángulo Extremadura subraya que es un tema muy sensible, por lo que están aún en proceso de análisis.
«La regulación probablemente sea necesaria, porque es un tema que existe y se está desarrollando, nos guste o no. Pero hay que hablar y mucho, en especial en cuanto a la protección de la mujer gestante», dice José María Núñez.
Lo que sí tienen claro desde su organización es que no apoyan la propuesta presentada por Ciudadanos, puesto que, a su juicio, no ha sido debatida ni ha escuchado otras opciones.
«Nosotros nos reunimos con su diputada y le planteamos que todavía no era el momento porque es necesario un debate sobre el tema abierto a la sociedad y a los diferentes colectivos», expresa.
Desde Fundación Triángulo no dudan de que la futura regulación debe ser «clara y garantista, para que no hayan abusos».
Una cuestión global
En la actualidad, son 15 los países del mundo en los que la gestación subrogada está regulada.
Nueve de ellos recogen en su legislación que ésta ha de ser altruista, en el sentido de que no se debe desarrollar como actividad comercial. Son: Canadá, Grecia, Portugal, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca, India y Tailandia.
Otros cuatro países aprueban la gestación lucrativa. Se trata de Georgia, Rusia, Ucrania e Israel.
Los otros dos restantes, EEUU y México, tienen legislaciones que varían según sus estados.
El permiso a parejas homosexuales y extranjeras también varía según cada país.
Canadá es el modelo para Ciudadanos, si bien el partido añade la técnica como último recurso, cuando se hayan agotado el resto de opciones reproductivas.
