La burocracia administrativa continúa siendo el principal obstáculo para que algunos de las grandes proyectos planificados en Extremadura comiencen a ser una realidad y, entre otras cosas, contribuyan a la creación de puestos de trabajo. Así, una veintena de obras e iniciativas empresariales o administrativas con cierta entidad y que en su cojunto posupondrán más de 5.000 empleos directos e indirectos en la región durante los próximos años permanecen estancadas en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a expensas de que se resuelva su autorización de impacto ambiental.

Los últimos datos actualizados que ofrece el departamento que dirige Elena Espinosa revelan que en estos momentos hay 85 proyectos extremeños pendientes de obtener la declaración de impacto ambiental. La mayoría de ellos son trabajos de poca entidad, como obras el acondicionamiento y limpieza de montes, riberas y embalses, o la extracción de grava o áridos. Pero también aparecen otros que, no solo llaman la atención por sus dimensiones y su posible repercusión sobre el mercado laboral extremeño, sino que también acumulan meses de demora --hasta cuatro años desde que iniciaron el procedimiento, en altunos casos-- a expensas de que el ministerio les dé su visto bueno.

El caso más claro es el de la refinería que el Grupo Alfonso Gallardo pretende construir en Tierra de Barros. La empresa presentó la documentación del proyecto ante Medio Ambiente en junio del 20005. Desde entonces el Gobierno ha anunciado diversos retrasos sine die en la resolución del expediente, que actualmente se encuentra "interrumpido". El motivo es la solicitud de información complementaria tras las alegaciones presentadas por el Gobierno portugués debido a posibles afecciones en suelo luso de esta industria de producción de combustibles.

Si se aprueba, esta planta dará lugar a unos 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos de forma estable durante su construcción, según la documentación aportada, aunque los promotores hablan de que incluso se puede llegar a duplicar esa cifra.

DESDE EL 2004 En una situación similar se encuentran las tres centrales térmicas de ciclo combinadas propuestas en el entorno de Mérida. La más grande de ella, la impulsada por la compañía suiza Advancer Power AG y la alemana Siemens Project Ventures --para una potencia instalada de 1.100 megawatios--, inició su evaluación ambiental a finales del 2006. Sobre el papel, debería conocerse su resolución en un plazo de dos o tres meses, dado que acaba de iniciar la última fase del procedimiento, la de la declaración de impacto ambiental. Sus responsables cifran en un millar los empleos que originaría en su fase de construcción.

De menor tamaño, pero con cerca de 400 empleos a crear cada una, son las centrales de Alange (850 megawatios) y La Zarza (400). Ambas acumulan un mayor retraso, dado que fueron presentadas a Medio Ambiente en el 2004. El ministerio ha exigido, en varias ocasiones, más documentación para emitir una declaración sobre los dos proyectos.

Estas cuatro iniciativas son la punta de un iceberg que se va engrosando en número según desciende su magnitud. Así, hay que sumar a estos la puesta en riego de casi 100 hectáreas en Alcollarin y de la dehesa boyal de Madrigalejo o de Monterrubio de la Serena, así como los planes de modernización y regulación de los regadíos del río Tiétar, el pantano de Rosarito, de la zona regable del Zújar, del Canal de Montijo y del Canal de Lobón. La mayoría de ellas están enmarcadas dentro de las obras que las confederaciones del Tajo y el Guadiana han enmarcado dentro del Plan E, con una financiación de casi 100 millones de euros y la creación de 1.500 empleos.

En cuanto a infraestructuras de comunicación, también están a la espera de declaración de impacto ambiental el acondicionamiento de la carretera N-110 entre Navaconcejo y Tornavacas, el tramo hasta Espiel entre la futura autovía Badajoz-Córdoba-Granada, la conexión entre las autovías A-66 y A-58 a la altura de Cáceres o los viaductos sobre el embalse García de Sola en la N-502. Igualmente, comparte esta situación el tramo entre Evas y Badajoz del AVE Madrid-Lisboa y el proyecto de supresión de pasos a nivel en la línea Madrid-Valencia de Alcántara dentro de la provincia de Cáceres.

A todo esto hay que agregar las mejoras de abastecimiento y depuración de aguas en varios municipios de La Vera y la Mancomunidad de Vegas Altas, así como el gasoducto proyectado entre Mérida, Don Beito y Miajadas, según la información aportada por el propio ministerio.