La libertad religiosa es un hecho en España. Cualquier ciudadano residente en este país tiene un derecho constitucional a practicar su propia religión sin necesidad de justificación. Sin embargo, la relación entre las mezquitas y el terrorismo islámico abrió numerosas interrogantes a partir de los atentados del 11-S, en Estados Unidos, y el 11-M en Madrid. En España hay hoy unos 230 lugares de oración para la población musulmana, 6 de ellos en Extremadura (Talayuela, Almendralejo, Badajoz, Solana de los Barros, Navalmoral y Jaraiz).
El temor a la infiltración de individuos de ideologías extremistas en estos espacios ha llevado al Gobierno a plantearse la necesidad de tener un mayor control sobre los mensajes que se lanzan en estos lugares. Sobre todo porque la religión islámica no tiene estructura jerárquica como la Iglesia católica u ortodoxa, por lo que un individuo, sin formación específica, puede convertirse en referencia de una comunidad de fieles al que sólo sus propios parroquianos pueden controlar los contenidos de su predicación.
