--¿Considera que hay suficientes inspectores de trabajo para frenar el fraude en los centros de trabajo?

--Creo que no. De nada vale tener mejores normas laborales si se están incumpliendo sistemáticamente. Hay una correlación directa entre déficits de inspectores con un elevado índice de siniestralidad laboral, con una contratación abusiva de la contratación temporal con contratos hechos en fraude de ley. De los 129.000 contratos temporales que hay en Extremadura, en torno a 30.000 están en fraude de ley. Además, hay una correlación directa también con la economía sumergida y el empleo irregular, más creciente con la llegada de inmigrantes. También hay una clara discriminación laboral hacia las mujeres. En Extremadura hay 15 inspectores y subinspectores, son poquísimos, pero no valoramos de forma negativa su trabajo, que lo realizan bien a tenor de las cifras, el problema es que hay pocos.

--Todo eso se traduce en contratos fraudulentos...

--Claro, los trabajadores no están dados de alta, no hay seguimiento de la contratación y otras cuestiones. Pero, hay que actualizar el debate de la inspección de trabajo, preguntándose si es posible dar competencias sancionadoras a subinspectores para ganar en eficacia, y si es posible crear un nuevo cuerpo con competencias delegadas, algo hay que hacer. Además, entendemos que las pruebas de acceso pueden ser más flexibles actualizándose los inspectores en materia de inmigración, de salud laboral y en situaciones de violencia de género.

--¿Se puede cuantificar económicamente este tipo de fraude a la Seguridad Social?

--Es de enorme proporciones, por eso nosotros planteamos abrir órganos de participación para hacer un seguimiento, como por ejemplo estamos haciendo con el Sexpe en el sector de la construcción, donde en verano se manda a la gente de vacaciones para ahorrarse costes y se les vuelve a contratar después.

--Los datos reflejan que en los últimos años el número de denuncias no ha dejado de crecer en la región, pese a que ha habido menos actuaciones de los inspectores. ¿A qué es debido?

--Nosotros queremos cerrar un compromiso con el Gobierno para revisar la tipificación de las infracciones, que está obsoleta, y que cambien las cuantías de las sanciones. Ahora la media de una sanción es de apenas mil euros y eso para un empresario no es nada. En lugar de ser disuasorias, son poco menos que una llamada a delinquir como empresas. Hay que incrementar las cantidades y entrar una una dinámica represiva para pasar después a ser pedagógicas.