Los comuneros de la Cabra Baja donde se asienta la mina que la empresa canadiense pretende reabrir forman parte de los 374 arrendatarios que pasaron a ser propietarios de la tierra en el 2002.

Ahora ellos tendrán voz en lo que vaya pasando, merced a una expropiación emprendida por la Junta en 1990 y que derivó en un larguísimo pleito de 12 años y que se resolvió con el pago a la Casa de Alba de 5,62 millones de euros, que los comuneros pagarían con una hipoteca a 62 años que supone pagar 4.000 euros por comunero y año.

Las Cabras arrastran tras de sí una larga historia de intentos de los arrendatarios de quedarse con las tierras. Durante la II República, el Gobierno entregó a los arrendatarios que suman alrededor de 2.500 hectáreas del término de Zahínos y por las que los campesinos pagaban un canon a la Casa de Alba.

Al final de la guerra civil, Franco devolvió la finca a los Alba, y los comuneros comenzaron a pagar un canon de 92.000 pesetas, que se iba revisando y que en 1990 ascendía a 36.000 euros. En ese momento, cuando se avecinaba una revisión del canon y una subida, la Junta intervino y expropió con la intención de que los comuneros pudieran plantearse, ya como propietarios, invertir en mejoras en las fincas y, de paso, cobrar los 2,4 millones de ayudas agrarias que generaba.

La Junta ofreció a la Casa de Alba 900.000 euros, y los aristócratas pidieron dos millones. La Junta subió a 1,2 millones y los Alba bajaron a 1,5 millones. Ahí se rompieron las negociaciones.

En 1991 el Supremo sentenciaba que había razones para expropiar: La Junta ofreció entonces un justiprecio de 840.000 euros y los Alba pidieron 5,86 millones. El TSJEx dictó un fallo salomónico: el justiprecio era de 3,38 millones. Ambas partes recurrieron, pero el Supremo avaló el justiprecio y añadió 2,4 millones de intereses.