Mientras algunas de las asociaciones más representativas de la Guardia Civil criticaban ayer en el Congreso al Gobierno central por «dejarles a los pies de los caballos» en Cataluña, ante su «falta de previsión» para impedir el 1-O, Interior difundió que el ministro Juan Ignacio Zoido había compartido un desayuno con los policías y miembros del Instituto Armado alojados en barcos en el puerto de Barcelona para trasladarles que el Ejecutivo «tomará las medidas que sean necesarias para defender sus derechos y su dignidad».

Era el gesto que faltaba, y que los agentes esperaban, en la operación reconciliación que el Ejecutivo central activó el martes para recuperar la armonía con las fuerzas de seguridad estatales. Los agentes han sido foco de ataques, acosos y escraches por su controvertida actuación el 1-O, pese a que, según subrayan sus representantes, las unidades que actuaron se limitaron a cumplir las órdenes del Gobierno y los tribunales para impedir el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Zoido ya había anunciado que los agentes no abandonarán Cataluña y que el «asedio» tendrá consecuencias jurídicas. El Ministerio del Interior realojará a los agentes desplegados en Cataluña a partir de hoy, fecha en la que vencen los contratos de los hoteles en los que se alojaban. En un comunicado, se quiso dejar claro que los alojamientos se dejaban no por la presión ejercida contra los agentes, sino por el vencimiento de los contratos.

Por otro lado, el ministerio de Defensa envió ayer a varios convoyes del ejército para abastecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazadas a raíz del 1-O. Se trata de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 del Ejército de Tierra ubicada en Zaragoza, que llevó literas, cocinas, duchas y taquillas al destacamento de apoyo logístico de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). La iniciativa parte del departamento que dirige María Dolores de Cospedal.