Las cuidan y frecuentan los feligreses, se mantienen con fondos públicos pero son propiedad de los obispados. Es el argumento de los extremeños que se han levantado contra lo que consideran la privatización de las iglesias, una situación que se está repitiendo en todas las autonomías y que han intentado impedir varios municipios extremeños al ver como bienes que creían del pueblo han pasado de la noche a la mañana a manos de los obispados en los registros oficiales.

La razón son los artículos 206 y 304 de la Ley Hipotecaria de 1946 que concede a la Iglesia Católica la potestad de inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad bienes de todo tipo, excepto templos de cultos, que hasta la fecha no estaban registrados por nadie y que la Iglesia entiende suyos. El reglamento impedía la inscripción de las iglesias y ermitas, pero el Gobierno de Aznar lo solucionó 40 años más tarde y en 1998 suprimió un artículo de la citada ley por el que ahora el patrimonio cultural de muchos pueblos extremeños está en manos de las diócesis. El reglamento establece que los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si se trataran de funcionarios, lo que les está valiendo para inscribir, de forma sencilla y barata, múltiples propiedades a su nombre o, lo que es lo mismo, para inmatricular bienes, como se conoce en la jerga administrativa.

En Extremadura, el Ministerio de Justicia no ha facilitado los datos de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia, como sí lo ha hecho en el caso de Navarra, pero constan al menos once pueblos de la región que han visto cambiar de manos sus lugares de culto, los correspondientes al Registro de la Propiedad de Jarandilla de la Vera. Confirmados, en este organismo constan que son propiedad de la Diócesis de Plasencia las iglesias y otros templos de Madrigal, Villanueva de la Vera, Valverde, Viandar, Robledillo, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva, Jarandilla, Jaraíz, Torremenga y Pasarón.

La mayoría de las veces, el proceso ha pasado desapercibido en el pueblo porque dicen que "se ha hecho con oscurantismo", pese a que el documento de inmatriculación debe exponerse al público. Esto fue lo que alertó a otros municipios veratos que sí pidieron explicaciones: Madrigal y Valverde. Y lo hicieron porque el obispado también inscribía a su nombre los espacios libres asociados a la Iglesia, que son de titularidad pública, "y no porque no entendieran que la Iglesia no pertenecía al obispado", señala un vecino de la zona.

El alcalde de Madrigal de la Vera, Urbano Plaza, asegura que el ayuntamiento se opuso e "intentamos parar las inmatriculaciones. Ante la falta de documentación sobre la propiedad tiramos de la última renovación de la Iglesia San Pedro Apóstol, que se hizo con dinero público, para justificar que se trata de un inmueble del pueblo, pero parece ser que la iglesia, la casa del cura y el antiguo cementerio les pertenece y al final lo registraron a su nombre hace un año y medio", cuenta. Algo parecido ocurrió en Valverde de la Vera, pero su alcaldesa, Natalia Deprez, no quiere hablar sobre el asunto, informan desde el ayuntamiento. En este municipio, según el relato de un vecino, se consiguió que el obispado devolviera el atrio de la iglesia que también quería registrar como propio.

RECOGIDA DE FIRMAS Pero no han sido los únicos pueblos de la zona que han alzado la voz. En Pasarón de la Vera incluso sus habitantes salieron a la calle para recoger firmas y evitar así la inmatriculación. Pero tampoco dio resultados ante la presión del propio párroco, que según un lugareño "se dedicó, en vez de velar por los intereses de su parroquia, a amedrentar a los firmantes amenazándoles poco menos que de excomunión, llegando incluso a hacer críticas en los sermones del domingo".

El alcalde de este municipio, José María Campo, cuenta que se enteraron de que su iglesia y tres de las cuatro ermitas del pueblo --la cuarta es propiedad de la hermandad que la construyó-- pertenecen oficialmente a la diócesis placentina porque la inscripción en el registro de la propiedad salió a exposición pública el pasado octubre, "porque aquí nadie vino a decirnos nada", aclara. Es más, añade que "el proceso se ha llevado de una forma poco clara, de espaldas a los vecinos", quizás con el fin de evitar dar explicaciones, y ya parece haber tirado la toalla pese a que lo tiene claro: "estos bienes son de todos los vecinos del pueblo que son quienes se preocupan de ellos, incluso hicimos una restauración importante con una subvención de la Junta y la diócesis no puso un duro". Pero este argumento no vale en el Registro, "es muy difícil demostrar la propiedad de una iglesia tan antigua sobre la que no hay documentos. Ya no podemos hacer nada", lamenta.

Mientras la situación alerta a unos municipios, otros la ven de lo más normal. "Nosotros siempre tenemos que pedir permiso a la Diócesis de Plasencia para poder hacer cualquier actuación en la iglesia y aquí los vecinos no se han quejado de esto", dice el alcalde de Robledillo de la Vera. Pese a la normalidad con la que ha pasado la inmatriculación de la iglesia en este pueblo, el alcalde opina que "debería ser propiedad del municipio porque el obispado no aporta nada, pero yo cogí el ayuntamiento así y nadie se ha quejado", señala. Tampoco se han quejado en Gargüera, un municipio fuera de la jurisdicción del Registro de la Propiedad de Jarandilla --el único que ha facilitado estos datos de momento--. Desde el ayuntamiento creen que la iglesia es de la diócesis, pero ahora están más preocupados por su cementerio municipal, "el sacerdote quiere que sea ahora del obispado, pero a la hora de hacer obras y atenderlo es de todos los vecinos", comentan indignados. "El obispado quiere arramplar pero no aporta ni un duro", se quejan.

Por su parte, la diócesis de Plasencia insiste en que las inmatriculaciones se ajustan a la legalidad y su único fin es "regularizar en el Registro las propiedades que de siempre se han entendido que eran de la Iglesia y que aparecen inventariadas a nombre de las parroquias en el catastro para evitar otros usos", explica el ecónomo de la Diócesis de Plasencia, Antonio Luis Galán. Así lo explica también el catedrático de Derecho Eclesiástico Jaime Rossel. "La Ley Hipotecaria viene a dar solución a un problema de inseguridad jurídica que permite regularizar el patrimonio; se podrá estar de acuerdo con ella o no, pero en todo caso lo que está haciendo la Iglesia está dentro de la legalidad y no se puede hablar de privilegio".

El ecónomo de la diócesis señala que las inmatriculaciones se están haciendo en todos los pueblos extremeños, pero "sin ningún tipo de usurpación, los bienes que sean del ayuntamiento son del ayuntamiento", dice. Y además añade que "hemos sido generosos, porque los atrios y otros bienes se han dejado para uso público". Desde la Conferencia Episcopal recuerdan la legalidad de las inmatriculaciones en aras de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 que rigen en España, pero otras voces alertan de que en casos como este la Iglesia goza de privilegios más propios del Antiguo Régimen que de un Estado aconfesional. El debate está servido.