Los municipios ven inviable, por sus deudas, pagar a las empresas en 60 días

Fernández Vara presentó esta iniciativa en el pleno de la Asamblea el pasado día 12. Allí obtuvo el respaldo del líder de la oposición, el popular José Antonio Monago, en una propuesta con la que se pretende hacer frente a las dificultades de ingresos que están pasando las pymes extremeñas. El objetivo es buscar una fórmula que permita a todas las administraciones respetar la normativa vigente, que fija 30 días de plazo para las empresas y el doble para los organismos públicos. La realidad, según denuncian los proveedores, es que esos plazos no se cumplen nunca y las demoras se alargan por espacios superiores a los tres meses.

Según fuentes del Gobierno regional, todavía se está estudiando la propuesta que van a presentar a los municipios y no existe fecha para una reunión entre todas las partes. Tampoco está cerrada la composición de estas negociaciones, ya que además de la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, podrían participar también las entidades financieras.

"Una de las posibles soluciones es que los municipios firmen convenios con cajas y bancos para que estos adelanten los pagos a los proveedores dentro de los 60 días establecidos", señala Ramón Díaz Farias, presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y alcalde de Villanueva del Fresno. En esa línea, el presidente de la Diputación de Cáceres, Juan Andrés Tovar, añade que la Junta y las diputaciones "nos haríamos cargo de los intereses que pusieran las entidades, sobre todo en el caso de los ayuntamientos con más problemas".

UNOS SI CUMPLEN, OTROS NO El punto de partida no es el mismo para todos. Algunos consistorios, como el de Badajoz aseguran estar cumpliendo con el plazo legal. En ciudades como Cáceres, Mérida, Plasencia o Almendralejo lo ven prácticamente inviable. "Habrá que ver qué ayuntamientos pueden adherirse a esta iniciativa y cómo se va a hacer", advierte Díaz Farias, que apunta a la falta de liquidez en las arcas municipales como principal obstáculo. Una ausencia de disponibilidad de dinero que responde, por una parte, "a las grandes deudas que arrastran" y, por otra, "a la reducción de ingresos tributarios por la reducción de la actividad en el sector de la construcción".

"Es metafísicamente imposible para un ayuntamiento. Cualquier diputado que conozca la vida municipal sabe que es muy difícil. Aquí le debemos a una empresa, por obras aprobadas por el anterior gobierno, 815.000 euros y no lo puedo pagar", confiesa Angel Calle, alcalde de Mérida. Su concejal de Economía y Hacienda, Mercedes Moyano, respalda este punto de vista: "No tenemos recursos suficientes y sí una importante deuda. Si la Junta aporta financiación extraordinaria podremos cumplir los plazos; si no será imposible".

Algo similar ocurre en Cáceres. Su edil delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Lorenzo de la Calle, asegura que arrastran de la anterior corporación municipal un agujero de 20 millones de euros "gastados omitiendo todo trámite legal". "Necesitamos un plan de saneamiento de cuentas a medio y largo plazo para hacer frente a esa deuda". Y en Plasencia ya han subrayado que "está muy bien como objetivo, porque da un estímulo, pero es muy difícil cumplirlo". Por eso, el concejal de Hacienda y Cuentas, Francisco Barbancho, ha anunciado la creación de una oficina de compras para negociar la forma de pago y los plazos con los proveedores del ayuntamiento.

Otra solución puede llegar desde Madrid. El Ministerio de Economía está estudiando la posibilidad de financiar la deuda de los municipios a través de una gran línea de creditos a través del ICO.