El director general de Caja Extremadura, Miguel Angel Barra, negó ayer que la puesta en marcha de un SIP tenga por qué poner en peligro la naturaleza jurídica de las cajas que lo integran. "Lo que se crea es una entidad financiera. No sabemos qué personalidad jurídica va a tener, pero será propiedad de las cajas. Muchas veces se dice que lo que hay por encima del SIP es un banco, pero está por debajo. Las cajas son propietarias de la entidad financiera y no al revés".

Barra explicó que en estos momentos solo existen dos posibilidades a la hora de poner en marcha una entidad financiera a través de un SIP: crear un establecimiento financiero de crédito o un banco. "El establecimiento tiene una serie de limitaciones en la operatoria y ahora estamos a expensas de que se desarrolle jurídicamente la figura del SIP". El cambio normativo que demanda el sector de las cajas de ahorros es que el Gobierno permita que la entidad resultante de un SIP sea "una caja de cajas o una agrupación similar a lo que es la CECA". Por su parte, Víctor Bravo añadió que si la normativa no permitiese respetar la naturaleza jurídica de las casas o supone algún peligro para ella, se analizará "la situación en el Consejo y veremos qué se hace".

En cuanto a la dinámica de la toma de decisiones, Bravo apuntó que "ninguna caja tendrá una posición de control y las decisiones relevantes se tomarán por mayorías reforzadas".

Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos han sido las tres primeras cajas de ahorros de diferentes regiones que han constituido un SIP, que se denominará Banca Cívica. En total, este nuevo grupo contará con cerca de dos millones y medio de clientes, seis mil empleados y más de un millar de oficinas.