Desde la Administración regional sostienen que sería totalmente necesaria la creación de un Juzgado de Familia a través del cual se canalizarían todas las actuaciones que sobre éstos se llevan a cabo en el ámbito de la protección. Además, exige que se lleve a cabo la publicación de un reglamento estatal que pueda desarrollar el contenido de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores en igualdad de condiciones para todo el Estado.
