Tanto el informe del Instituto de Estudios Fiscales, como el análisis recogido en el último documento de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) sobre el impacto de la financiación en la asistencia sanitaria, coinciden en que Extremadura se vio beneficiada por el acuerdo final sobre dotación de las competencias de sanidad. Este mismo caso se dio en otras comunidades que negociaron el traspaso a última hora.
Así, y tras una primera aproximación en la que el Gobierno propuso un reparto de fondos basado en el número de habitantes, corregido con criterios como envejecimiento de la población y, en su caso, insularidad, la región extremeña quedó relegada al noveno lugar en el ránking de comunidades según dotación por habitante.
Entraron luego en juego las negociaciones bilaterales, donde Extremadura logró un avance de dos puntos porcentuales y ascender tres puestos en la lista, y quedando por encima de la media nacional. Este acuerdo, y otros similares, es criticado en los dos estudios, que indican que los repartos se realizaron "por criterios políticos", y sólo después se justificaron mediante criterios técnicos de dudosa base.
