Los ciudadanos que acudieron ayer a los juzgados a realizar algún trámite se mostraban ajenos a la huelga. Algunos observaban con curiosidad, aunque sin demasiado interés, el trasiego de periodistas y cámaras de televisión en la entrada y los pasillos del Palacio de Justicia pacense y a jueces leyendo un manifiesto.

Concepción era una de esas personas que esperaba a entrar en un juicio y que desconocía que hubiese una huelga. Lo único que podía decir era que "la Justicia no funciona bien, más bien por cómo están las leyes ahora mismo, que parece que apoyan más al delincuente que a las víctimas".

Ante la mirada de estos justiciables , algunos jueces exponían su situación, como María Marroquín, titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que rechazó la imagen, que según ella, se quiere dar de los jueces. "No somos vagos, ni elitistas, ni corporativistas. Llevo 16 años en la carrera judicial e ingresé en un juzgado donde me encontré con cerca de 200 asuntos pendientes de dictar sentencia, además de lo que se tramitaba en el día".

Según esta juez, la situación ha ido "de mal en peor", por lo que afirmó que "si de algo se nos puede acusar es de no haber planteado esto antes".

En su opinión, "ésta es una huelga muy testimonial, queremos que se haga patente el disgusto y el malestar de los jueces. Es el primer paro de un colectivo en el que no se reivindica un aumento de retribuciones, estamos pidiendo mejoras en la carrera judicial que repercutirán en el ciudadano".

María Marroquín criticó la falta de medios materiales y de que los juzgados no estén interconectados. "Es necesario un plan que ponga fin a esto, porque sino lo que pasó con la niña Mari Luz volverá a pasar".

Aunque el Colegio de Abogados de Badajoz declinó apoyar esta huelga por considerarla "no procedente", ayer había letrados y procuradores apoyándola.

Uno de ellos, Francisco Terrón, aseguró que "los abogados somos en segunda o tercera línea los que podemos dar fe de que la queja de los jueces es cierta, también nos afecta a nivel profesional y económico".

El procurador Juan Carlos Almeida se solidarizó porque "si las mejoras llegan todos nos beneficiaremos". Además manifestó, que "los únicos que pueden reclamar para que esto se solucione son los jueces, que son los únicos que están obligados a obtener unos resultados que les exige".