Entre una superficie reforestada, un vivero de plantas ornamentales, tres fincas de olivares y una casa rural con instalaciones para el turismo de aventura se abre hueco una superficie de apenas 1.000 metros cuadrados donde se acumulan escombros de obras de construcción, basuras, restos de muebles, electrodomésticos rotos, colchones calcinados e incluso juguetes abandonados. Podría ser cualquier escombrera de la comunidad autónoma, pero se trata de la ubicada en el paraje de El Coto, en la localidad cacereña de Collado de la Vera.

"El impacto visual es tremendo, más en esta zona de naturaleza tan rica", comenta Vicente Riolobos. El es el responsable de ActionVera, la empresa de ocio y turismo cuyas instalaciones terminan a apenas cuatro metros de este vertedero. "No nos está afectando, porque los clientes muchas veces no llegan a esa zona, pero cuando lo ven no se explican cómo puede haber estas cosas aquí", continúa.

El se ha dirigido al ayuntamiento para pedir medidas para controlar los vertidos. "Estaría mejor si lo cercasen", opina. Según la legislación, la competencia ante este tipo de negligencias está muy repartida. En caso de vertidos de residuos urbanos por parte de ciudadanos, son los ayuntamientos quienes deben sancionar y prevenir estas actuaciones. Si el vertido corresponde a empresa, la autoridad corresponde a la Junta, al igual que en el caso de vertidos de sustancias peligrosas. En caso de que los residuos puedan causar un daño grave al medio ambiente o a la salud de las personas, el caso puede llegar a los tribunales. Estas acciones están multadas con hasta un millón de euros y penas de hasta cuatro años de cárcel.

Desde los consistorios más pequeños, sus responsables señalan que carecen de los medios adecuados para controlar este tipo de instalaciones. Una de las principales causas --aseguran-- es la ausencia de Policía Local, sin cuya presencia es casi imposible evitar que se produzcan vertidos en las zonas donde suelen ser habituales.