Sabe que el robo se produjo por la noche porque a última hora de la tarde nadie vio nada por la zona, y que debieron estar toda la madrugada «recogiendo», porque en el conteo posterior resultó haber 463 olivos saqueados. «Según el grupo ROCA habían participado dos furgonetas grandes --estaban las rodaduras de ambas marcadas sobre el terreno-- y no sé qué cantidad de gente, pero para llegar a tantos árboles debió ser una cuadrilla de al menos 20 personas a destajo», dice Manuel Gómez, propietario de una finca de olivares en Esparragalejo.

No es fácil calcular lo que se llevaron, aunque la estimación que le trasladó la Guardia Civil era de al menos entre 3.000 y 4.000 kilos de aceitunas.

El mayor robo

Ese ha sido el mayor robo que ha tenido en su explotación, aunque no el primero. «Justo ese día nos habían avisado de que en la zona de Almendralejo estaban produciéndose palos así, pero en esta zona nunca los habíamos visto», recuerda. Y fue precisamente a raíz de ese robo, a principios de noviembre, cuando los vecinos de la zona de Esparragalejo decidieron organizarse en patrullas ciudadanas con las que apoyar la labor de la Guardia Civil.

«Lo que más me indigna es que en muchos casos, se les quita la mercancía a los ladrones, pero como no se inmoviliza el vehículo en el que la llevan, al día siguiente vuelven a robar en otro sitio», lamenta Gómez, que señala junto a los centros de recogida que aceptan aceituna robada a agricultores que también se prestan a entregarla en su nombre y de esa forma blanquearla. «Hay agricultores que teniendo tres o cuatro hectáreas de tierra tienen unas ventas de aceitunas que corresponden a 20 o 30 hectáreas, y bastaría con cotejar datos para demostrar los fraudes», dice este propietario de una explotación de olivos, que además pide una mayor regulación y vigilancia sobre la figura del rebusco: «debería ser a partir de una fecha con la recolección ya avanzada, por ejemplo a partir del 15 de enero, y siempre con un permiso por escrito del propietario del terreno», plantea.

Junto a esto reclama cambios en la legislación, porque en la mayoría de los casos no pasan de ser una falta sin consecuencias penales. «La reiteración de las faltas debería constituir un delito», propone.