Al menos 16 de los 34 miembros de los consejos de administración de las dos cajas extremeñas no podrían ser nombrados a día de hoy si se aplicase el el decreto de reforma de la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Esta nueva normativa, que ha sido acordada con el Partido Popular, establece la incompatibilidad de los cargos políticos electos y de los altos cargos para ser miembros de los órganos de gobierno de estas entidades (asamblea general, consejo de administración y comisión de control). Eso dejaría fuera a los siete alcaldes y nueve concejales que actualmente se sientan en los consejos de Caja Extremadura y Caja Badajoz.
Además, el decreto limita al 40% la representación de las administraciones públicas en los órganos de gobierno de estas instituciones (hasta ahora el tope era el 50%) y refuerza los requisitos de profesionalidad y experiencia que se exigirán para formar parte de ellos. De esta forma, al menos la mitad de los miembros de un consejo de administración de cualquier caja deberán reunir "especial cualificación" para ello. Tanto Caja Badajoz como Caja Extremadura prefirieron no valorar ayer esta nueva normativa hasta conocerla con mayor detalle.
En cualquier caso, la salida de los cargos electos de los órganos de control de las cajas españolas no será inmediata. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aclaró ayer que "No habrá un cambio de un día para otro, sino que se establece un periodo de transición". En este sentido, explicó que la ley permite que el cambio se produzca a medida que se vayan terminando los mandatos actuales, con un límite máximo de tres años. En el caso de las dos cajas extremeñas, ambas renovarán una mitad de sus órganos de gobierno dentro de un año y la otra dentro de tres.
La ministra explicó también que se autorizará "transitoriamente" que el tamaño de los consejos de administración sea mayor con el fin de hacer una transición ordenada. Además, resaltó que los representantes de las comunidades autónomas "van a seguir estando presentes en las cajas de ahorros con su participación en la comisión de la obra social", órgano que se ha creado a través de este real decreto pero que "no tiene influencia sobre la actividad financiera". Igualmente, con la entrada en vigor de esta normativa, todas las cajas de ahorros estarán obligadas a presentar un informe anual de gobierno corporativo.
MEJORAR LA FINANCIACION A parte de la despolitización de las cajas de ahorros, el otro gran objetivo del decreto aprobado ayer es mejorar la capacidad de financiación de estas entidades de crédito, facilitando su acceso al capital privado. Así, por un lado, se permite que emitan cuotas participativas con derechos políticos hasta un máximo del 50% de la entidad, lo que las convierte en algo similar a lo que son las acciones en las sociedades anónimas. Se trata de uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa, ya que para muchos las cuotas con derechos políticos significan abrir la puerta a la futura privatización de las cajas. Además, se suprimen los límites vigentes a la posesión de cuotas por parte de un único tenedor.
Tras la aprobación ayer del decreto, la vicepresidenta Elena Salgado sostuvo que el proceso de reestructuración financiera, que ha afectado principalmente a las cajas de ahorros, está "prácticamente finalizado", ya que estas entidades han reducido su número de 45 a 19 a través de más de una decena de acuerdos de integración. Salgado recordó que son 38 las entidades que han participado en estas fusiones, aunque aún queda pendiente la adjudicación de Cajasur por parte del Banco de España, que tendrá lugar la semana próxima.
Estos procesos han necesitado aproximadamente 11.200 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque aún debe añadirse el importe que se destine a la adjudicación de Cajasur. El Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), por su parte, destinó 1.300 millones para Caja Castilla-La Mancha, que también contó con unas garantías por importe de 2.500 millones de euros.
Asimismo, Salgado subrayó que dentro de este proceso las cajas de ahorros también han hecho un gran esfuerzo para afrontar la crisis al destinar provisiones genéricas por importe de 18.200 millones de euros. La vicepresidenta económica recalcó que el sistema financiero ha demostrado "soportar razonablemente bien el impacto de la crisis", porque ha necesitado menos ayuda que la banca europea.
