Las distintas sociedades que integran Nueva Rumasa no consolidan como holding , pero eso no fue obstáculo para que una de ellas, la extremeña Carcesa, cerrase el ejercicio 2009 con 124 millones de euros --más del doble de su facturación en ese ejercicio-- cedidos en forma de préstamos a otras empresas del grupo. Además, a 31 de diciembre de ese año Carcesa tenía otorgados avales bancarios por valor de otros 18,6 millones de euros como garantía de créditos concedidos a sociedades controladas por la familia Ruiz-Mateos.
Ambas cifras aparecen en las cuentas anuales depositadas por Carcesa en el Registro Mercantil de Badajoz y que han sido dadas a conocer por la organización de consumidores Facua. Nueva Rumasa no contestó ayer las peticiones de información realizadas por este diario para explicar las razones que están detrás de la concesión de estos préstamos.
De acuerdo a sus cuentas anuales, Carcesa --que solicitó la semana pasada el preconcurso de acreedores junto a otras nueve empresas de Nueva Rumasa-- contaba en el 2009 con unos activos totales de algo más de 181 millones de euros. Una parte sustancial de esta cifra, 124,3 millones, estaba cedida en forma de préstamos a interés cero a otras sociedades del grupo --109,2 millones a corto plazo (con vencimiento en menos de un año) y otros 15,1 millones a largo--. Pero algo tan llamativo como estas cantidades es que en apenas un año, desde diciembre del 2008, las obligaciones contraídas por otras sociedades de Nueva Rumasa con Carcesa aumentaron en más de 53 millones de euros.
¿De dónde salió este dinero? Durante el 2009 el beneficio obtenido por Carcesa fue de 316.079 euros y su cifra de ventas se situó en 59,6 millones de euros. Sin embargo, fue la emisión de pagarés la que hizo posible una mayor entrada de efectivo en las cuentas de Carcesa. En total proporcionó algo más de 70 millones de euros.
Nueva Rumasa lleva ofertando desde hace dos años tanto pagarés como participaciones con rentabilidades medias que han ido desde el 8% anual hasta el 12% si la inversión era a 24 meses. La de Carcesa fue la primera de estas emisiones. Los pagarés tenían un importe mínimo de 50.000 euros y no estaban admitidos a cotización en ningún mercado secundario, por lo que escapaban al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en varias ocasiones avisó del alto riesgo que suponía invertir en ellos.
El folleto informativo de los pagarés señalaba como garantía de su emisión la "patrimonial de la compañía" (Carcesa) y "opcionalmente" la de "otra empresa del Grupo Nueva Rumasa".
Tras la tercera emisión de pagarés de Nueva Rumasa, la CNMV hizo pública en octubre del 2009 una comunicación en la que reiteraba sus avisos. En ella advertía de que "la entidad Nueva Rumasa es una sociedad anónima que no es la cabecera de ningún grupo de empresas ni un holding que aglutine las participaciones de los accionistas comunes en tales sociedades". Por este motivo, añadía el organismo supervisor, "los pagarés son emitidos por una empresa concreta y determinada, que responde de la devolución de principal e intereses únicamente con su patrimonio, sin posibilidad, en principio, de derivar responsabilidad alguna sobre el patrimonio de otras compañías, por más que pertenezcan a accionistas comunes". Dicho de otra forma, sería la compañía emisora --en este caso Carcesa--, y no Nueva Rumasa, quien respondería con su patrimonio si se produce impago. Los ahorradores que compraron estos pagarés son, en cualquier caso, acreedores ordinarios, por lo que a la hora de cobrar quedarían por detrás de los acreedores privilegiados (Hacienda y bancos).
La otra clave de los pagarés emitidos por Carcesa es para qué se empleó el dinero recaudado. En el folleto informativo se aseguraba que "Los fondos obtenidos por la emisión de pagarés se emplearán en la adquisición de empresas" que, se justificaba, en aquellos momentos representaban "auténticas oportunidades de negocio". Sin embargo, esto no es lo que parecen indicar las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil de Badajoz.
De hecho, Facua pidió el pasado lunes a la Fiscalía Provincial de Badajoz que abriese diligencias previas para determinar si Carcesa ha cometido un delito de estafa a los inversores que adquirieron estos pagarés ya que, justificó, el dinero se habría empleado para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa en lugar de para el fin que se había alegado en un inicio. "Carcesa logró captar algo más de 70 millones de euros en pagarés en el 2009. Pero durante todo el ejercicio, la propietaria de las marcas Apis y Fruco únicamente compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones de euros, según han desvelado los medios de comunicación", señala esta organización de consumidores en una nota.
