El Ayuntamiento de Almendralejo ha encontrado la herramienta burocrática que necesitaba para erradicar de sus dominios las ya conocidas como naves patera . Los propietarios de estas instalaciones, habilitadas en algunos casos mejor y en otros peor para acoger a decenas de temporeros rumanos que son contratados para la vendimia, primero, y ahora para la recogida de la aceituna, están recibiendo las primeras notificaciones municipales en las que se les ordena desalojar estas dependencias. Se trata de una decisión que afectará directamente a los empresarios agrarios que tienen contratados a estos temporeros para la recogida de la aceituna, y que se pueden encontrar con el inconveniente de no tener la mano de obra que necesitan para acabar la campaña.

En Almendralejo hay unas diez de estas instalaciones, que alquilan a una o varias familias por precios que pueden oscilar entre los 200 y los 500 euros al mes. Algunas tienen camas, en otras duermen en tiendas de campaña. Los más afortunados tienen agua y luz, e incluso eléctrodomésticos, mientras que otros no disfrutan de estas ´comodidades´. Fuentes municipales confirmaron ayer que en los dos últimos días al menos han sido seis los titulares de las fincas urbanas advertidos mediante la notificación de que en esas instalaciones, por bien preparadas que estén, no se pueden alquilar como residencia, puesto que no cuentan con la correspondiente cédula de habitabilidad que necesita cualquier vivienda.

La concejala de Servicios Sociales, Josefina Barragán, confirmó que se van a desalojar todas las naves que carezcan de la citada cédula, por la que se garantiza que el inmueble cumple con las garantías de higiene y salubridad que le son exigibles a una vivienda, y añadió que algunas de ellas no cuentan con "condiciones dignas para vivir".

En dicha notificación se pone en conocimiento de los propietarios de las naves que han sido sancionados económicamente. En este caso, las multas comprobadas por este diario oscilaban entre los 600 y los 1.050 euros. Además, se establece un plazo de 72 horas desde el momento en el que se recibe la notificación para que el desalojo sea efectivo. En caso de incumplimiento, la policía se personará en la nave para desmantelar el campamento por la fuerza, de tal forma que los gastos ocasionados (excavadoras, camiones, servicio de limpieza, basuras, etc) correrá por cuenta del titular del inmueble.

CON SORPRESA Las sanciones han sido recibidas con sorpresa por los propietarios de estas naves, que consideran que, si bien no están acondicionadas como cualquier otra vivienda, al menos ofrecen unas comodidades que en ningún caso disfrutan quienes duermen a la intemperie. "Tienen camas, duchas, servicios, frigorífico. Está totalmente equipada", señalaba ayer el propietario de una de estas naves, situada en un polígono cercano al Parque de las Mercedes, que no quiere desvelar su nombre mientras "todo esto se soluciona".

Pero para ello la nave deberá estar desocupada antes del lunes, y presentar un pliego de descargo para evitar la sanción. En su caso alegará que sus instalaciones, que asegura están bien preparadas, y que anteriormente se utilizaban para celebraciones familiares, ya fueron visitadas por técnicos de los servicios sociales municipales, quienes le dieron el visto bueno para alojar a los temporeros.

De hecho, con este ya son tres los años que ha alquilado su nave, por unos 400 euros, a una misma familia procedente de Rumanía, que está compuesta por unos 30 miembros. Esta práctica se ha convertido en algo muy habitual en los últimos años, como demuestra que esta misma cuadrilla siempre trabaja para el mismo empresario agrario. Para los agricultores que tienen contratados a estos trabajadores, el desalojo le supone un grave problema, puesto que si no tienen donde quedarse seguramente se verán obligados a marcharse a otros lugares, como por ejemplo Córdoba, para continuar trabajando en el campo. En este caso, el empresario agrario se verá obligado a buscar nuevas cuadrillas para continuar con el mes y medio que al menos queda de trabajo esta temporada, primero con la recogida de las aceituna, y después con las labores de poda.

"Estos son mis trabajadores", afirmaba ayer uno de estos empresarios, que asegura que después de varias campañas con ellos no quiere contratar a otros. En su caso recuerda que le ha costado mucho dinero de su propio bolsillo llevar a cabo todo el proceso de regularizar la situación laboral de estas personas, a las que en alguna ocasión incluso a adelantado la fianza que les exigían para alquilar la nave.