Plasencia se encuentra en estos momentos en el limbo en materia de infracciones urbanísticas porque, mientras la alcaldía ha comenzado a dictar decretos que ordenan el derribo de casas construidas ilegalmente, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana prevé la regularización de los núcleos consolidados de viviendas en la sierra de Santa Bárbara. De ahí que las órdenes de demolición no se hayan cumplido, ni por los dueños de las viviendas ni por el ayuntamiento.
Santa Bárbara es la zona que concentra un mayor número de casas ilegales en Plasencia, dado que están construidas en suelo no urbanizable, pero también hay decretos de alcaldía que afectan a zonas como La Vinosilla de Abajo, el Camino de las Huertas o Valdemorillo y también por ser suelo no urbanizable.
En los dos primeros casos, hay decretos de alcaldía del 25 de febrero y del 9, 10 y 16 de marzo, que dan un mes a sus propietarios para tirar las casas o lo haría el ayuntamiento a su costa. El plazo ha pasado, pero ninguna casa se ha derribado mientras ni la alcaldesa Elia Blanco ni la concejala de Urbanismo, Victoria Domínguez, han querido hacer declaraciones al respecto.
En Santa Bárbara, hay decretos del 23 de marzo que expiran entre el 1 y el 2 de mayo porque se notificaron en abril y los dueños tampoco han actuado aún. El ayuntamiento no cree que lo hagan, más aún cuando los redactores del nuevo PGOU han anunciado públicamente la intención del texto de legalizar los núcleos consolidados de viviendas de la sierra a cambio de que sus propietarios se hagan cargo del coste de los servicios. Ahora la Lsotex habla también de legalizar, por lo que el limbo seguirá.
