Una de las novedades que recogía la ley extremeña ´antibotellón´ --y que, al menos en lo que se sabe, no está en la norma estatal anunciada ayer por la ministra Salgado-- es la posibilidad de que los menores infractores, si tienen entre 16 y 18 años --antes no se permite-- puedan realizar trabajos para la comunidad en vez de pagar la multa.

De este modo, para las infracciones leves se puede optar entre pagar multas de hasta 300 euros o trabajar por un periodo inferior a un mes; para las graves, pagar entre 301 y 30.000 euros o trabajar entre uno y tres meses, y para las muy graves, pagar entre 30.001 euros y 600.000 euros o trabajar entre uno y tres meses.

Si el menor se niega a realizar estas tareas comunitarias, se le impondrá la sanción económica y si tampoco las asume, serán los padres los que tendrán que pagarlas.

Otra cuestión que recoge la normativa regional es que si el infractor tiene menos de 16 años, y salvo en las obligaciones que tengan que cumplir personalmente, serán responsables de su conducta "sus representantes legales o, en su caso, los que estén a su cuidado en actividades educativas, formativas, lúdicas, campamentos juveniles, albergues, granjas-escuela y centros o actividades similares".