A la lógica preocupación por la expansión del virus se ha sumado, en Galicia y Euskadi, la inquietud por la celebración de las elecciones autonómicas convocadas para el 5 de abril. Tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el lendakari, Iñigo Urkullu, tienen sobre la mesa la posibilidad de que la gravedad de la situación aconseje el aplazamiento de los comicios.

Los dos dirigentes han sugerido que debería ser la Junta Electoral Central (JEC) la que tomara esa decisión, aunque fuentes de este órgano apuntan que no analizarán esa opción si nadie se la plantea. Y nadie lo ha hecho, al menos todavía. En todo caso, recuerdan esas fuentes, la JEC debe velar por la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) y esta norma no incluye ninguna referencia a la suspensión de unas elecciones.

«El legislador no se olvidó del tema. Si ninguna ley alude a la posibilidad de aplazarlas por un seísmo o por una crisis como la actual es porque no quiso dejar resquicios para ningún golpe de Estado, ninguna medida antidemocrática. Si unas elecciones se convocan, se celebran», afirma Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional. El exdiputado del PSOE estudió el tema, a petición de Alfredo Pérez Rubalcaba, tras los atentados del 11-M, y no encontró ningún resorte para que, en caso de que el PP intentara retrasar los comicios del día 14, pudiera hacerlo. Los populares no lo plantearon.

«La lógica del sistema y las remisiones genéricas de los estatutos de autonomía vasco y catalán apuntan como razonable que sea el mismo órgano que las ha convocado quien resuelva al respecto», señalan a EL PERIÓDICO fuentes del árbitro electoral. El aplazamiento de comicios no está siquiera recogido en el de excepción.