El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña lo deja muy claro: Durante ocho años esa comunidad debe recibir el 18,5% de las inversiones del Estado (su peso en el PIB nacional). A partir de ahí, y a pesar de las discusiones sobre si una norma autonómica (aprobada en el Congreso de los Diputados) puede condicionar una ley estatal como es la de presupuestos, nadie ha querido quedarse atrás y se ha abierto una especie de barra libre financiera en la que cada región incluye el criterio que más le conviene.

Y es que si Cataluña apuesta por primar su aportación al PIB nacional, el proyecto del Estatuto de Andalucía opta por reclamar una inversión estatal equivalente, al menos, al peso de la población andaluza sobre el conjunto de España. Es decir, un 17,8%. En el caso de Baleares se establece también el PIB como criterio básico a lo largo de la próxima década --con lo que asumen el 2,5%-- de las inversiones y la Comunidad Valenciana incluye la llamada cláusula Camps , con un concepto aún más claro: cualquier competencia o beneficio estatutario que asuma otra región podrá ser inmediatamente asumida por los valencianos.

En la práctica, y mientras nadie añada otro criterio aún más beneficioso, esto quiere decir que la Comunidad Valenciana también exigirá la aplicación de un modelo de financiación basado en la aportación al PIB nacional, con lo que debería recibir el 9,6% de los presupuestos estatales del 2007.

Estas cuatro reformas estatutarias dibujan un complejo mapa en cuanto a la financiación autonómica. No en vano, si cuando empiece a elaborar los presupuestos del año que viene Pedro Solbes obedece a lo marcado por los estatutos ya tendría comprometida casi la mitad de la inversión estatal, concretamente el 48,7%. A esto se suma que hace unos días el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya anunció que en el 2007 Galicia recibirá aproximadamente el 8% de las inversiones totales, con lo que el 56,7% del presupuesto en materia de infraestructuras estaría asignado antes de empezar.

Basta con aplicar a los presupuestos de este año esta hipótesis para comprobar el impacto que tendría. Las inversiones en estas cinco comunidades suman en el 2005 cerca de 9.500 millones de euros, y si se aplicasen los criterios de sus estatutos y el compromiso de Zapatero con Galicia este gasto aumentaría en otros 1.800 millones.

Pero parece que esto no ha hecho más que empezar. Galicia ya ha iniciado el proceso para reformar su Estatuto de Autonomía, y por el mismo camino van Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla y León, Ceuta y Melilla. Lo previsible es que cada región incluirá en su texto estatutario el modelo financiero que más le convenga, lo que acabaría perjudicando a la minoría de comunidades que aún no hayan blindado sus inversiones estatales, como es el caso de Extremadura.

Ahora habrá que esperar para comprobar cómo se aplican en la práctica estas cláusulas de blindaje cuando el ministro de Hacienda se siente a confeccionar --en este caso será más bien diseñar-- los presupuestos del 2007.