Todos los perros de Extremadura deberán tener implantado un microchip identificativo bajo la piel y sus propietarios deberán portar siempre un DNI canino que será expedido una vez implantado el dispositivo electrónico. En este documento constarán los datos del animal, los de su dueño y los del veterinario que realice la identificación, así como los tratamientos sanitarios del propio can. El coste de estas medidas, que la Junta pretende que se pongan en marcha en el primer semestre del próximo año, será sufragado por los dueños. Instalar el chip al can costará unos 30 euros, según las clínicas veterinarias.
Estas medidas, que ayer analizaron el PSOE y el PP en la Asamblea de Extremadura, se incluirán en un decreto que desarrollará la Ley de Protección de los Animales. Actualmente, el Gobierno regional y los dos colegios provinciales de veterinarios trabajan en la redacción. La ley, que data del 2002, ya recogía esta exigencia de identificar a todos los perros, pero este aspecto no se aplicaba a falta de un decreto, que llegará en el 2009 con siete años de retraso.
Deberán estar registrados e identificados no solo los perros con residencia habitual en la región, sino también los que vayan a permanecer más de tres meses en ella y los que participen en actividades cinegéticas.
La finalidad de estas medidas es mejorar el sistema de protección de estos animales de compañía, ya que se posibilitará la recuperación de los que se hayan perdido o robado, se evitará el abandono y se podrán depurar responsabilidades entre los dueños de los animales en caso de incumplimiento de la legalidad. Además, a través de la identificación y registro de los animales de compañía, se contará con censos fiables sobre los que se podrán articular programas sanitarios preventivos o de urgencias ante enfermedades transmisibles tanto al ser humano como a otros animales.
En cuanto al incumplimiento de estas medidas, la ley de protección animal establece, para infracciones leves, multas que van de 60 a 300 euros. Para las muy graves, oscilan entre los 1.500 y más de 15.000 euros.
Los colegios de veterinarios se están volcando para asesorar a la Junta en todo lo necesario, aunque todas las partes son conscientes del retraso que se está acumulando.
El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, José Luis Viñuela, informó ayer sobre los trabajos que lleva a cabo la Administración regional durante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se aprobó, por asentimiento de los dos grupos parlamentarios, la propuesta de impulso del PP que se insta a la Junta a la elaboración y la publicación del citado reglamento.
El diputado del Grupo Popular, Diego Sánchez Duque, por su lado, hizo hincapié en el retraso en la publicación de dicho reglamento ya que la Ley de Protección de los Animales data del año 2002.
Para Valentín Pérez, secretario técnico del Colegio de Veterinarios de Badajoz, la medida es "positiva" ya que garantizará la protección de los animales más fieles al hombre, sin embargo reconoció que "el borrador estaba a punto de publicarse hace cinco o seis años" aunque desconoce el motivo de la paralización del mismo.
En el caso de Cáceres, el presidente del Colegio de Veterinarios, Juan Antonio Vicente, mostró su respaldo a esta cuestión debido a la "necesidad de esta normativa", la cual establecerá la identificación "a partir de cierta edad", explicó.
Ejemplo de ello es el caso de Plasencia, donde se obliga, desde el año 2002, a que todos los perros de esa ciudad tengan implantado ya el microchip, un sistema que ha permitido hasta ahora evitar, entre otras cosas, "el abandono de estas mascotas" según señaló la edil Raquel Puertas, quien estimó que con la medida de ámbito regional se evitará, incluso, "el abandono de perros de otros pueblos cercanos en nuestra ciudad".
