El PP llevaba esperando casi ocho años un debate de investidura en el que Mariano Rajoy fuese el candidato propuesto por el Rey, tras su ronda de consultas a los grupos, para ser presidente del Gobierno. Llegó el momento. Tanta espera había generado ansiedad en la bancada conservadora y se notó en los innumerables e interminables aplausos que el líder popular recibió de los suyos en la Cámara baja al presentar un puñado de medidas que, pese a las expectativas creadas por los conservadores, fueron, en su gran mayoría, generalistas y poco traumáticas.

Exhibió un plan A de tono amable, alejado del detalle que mostró José Luis Rodríguez Zapatero con su tijeretazo de mayo del 2010 o del reciente discurso del italiano Mario Monti para satisfacer a la UE. El plan descafeinado con que Rajoy pide el apoyo del Parlamento quedó condicionado, fundamentalmente, a que España sea capaz de cumplir con el objetivo de déficit previsto para el 2011, esto es, el 6% del PIB. O sea, que si como sospechan prácticamente la mayoría de los dirigentes populares el déficit se desborda, Rajoy pasará a un plan B más doloroso y con escasas posibilidades de agradar a la ciudadanía. Y será en el primer trimestre del 2012 --aunque el último Consejo de Ministros del presente año dará algunas pistas-- cuando los españoles sabrán el verdadero calado de los recortes que prepara el PP.

DESFASE DE GASTOS El discurso que Rajoy pronunció ayer en el Congreso pende de la siguiente aseveración del líder popular: "El desequilibrio entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones se saldará este año, según las previsiones de la vicepresidenta Elena Salgado, con más de 65.000 millones de déficit, un 6% de nuestro PIB. Esa cifra puede verse superada, lo sabremos en su momento", dijo. Pero no quiso ir más allá "por responsabilidad", comentó ayer uno de sus colaboradores.

No obstante, Rajoy dejó claro que las medidas que esbozó ayer están pensadas sobre una reducción del desfase entre gastos e ingresos para el 2012 de 16.500 millones de euros (correspondiente al 6% del PIB) y advirtió de que si el déficit no es el que dicen los socialistas, el panorama será más sombrío. "Si es del 6%, el ajuste será de 16.500 millones. Pero si pasa al 7%, por ejemplo, será de 10.000 millones más", advirtió. Así las cosas, el aspirante a presidente del Gobierno explicó su proyecto genérico para el mejor de los escenarios: el 30 de diciembre dará a conocer un decreto de medidas urgentes. Asimismo, actualizará el poder adquisitivo de los pensionistas; aprobará un techo de gasto y unas previsiones de crecimiento en los primeros días del 2012 y elaborará un nuevo presupuesto e impulsará una reforma laboral antes de que finalice el mes de marzo. Además, intentará sacar adelante una ley de estabilidad, otra de apoyo a los emprendedores, una reforma de la Administración y una segunda oleada de fusiones bancarias.

OPOSICION LEAL Admitió que espera pocos ingresos en el inicio de la legislatura y que no desea subir impuestos. Ahí fue donde se agarró el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se preguntó cómo se pueden prometer ventajas fiscales para autónomos o desgravaciones para vivienda o planes de pensiones, como ayer hizo Rajoy, sin prever nuevas formas de recaudación. A Rubalcaba no le salían las cuentas y se lo hizo ver a un Rajoy que agradeció el tono del líder socialista y su voluntad de ejercer una oposición leal. De hecho, ambos quedaron en acordar la política europea e intentarlo en la reestructuración bancaria, sin negarse a hablar también de educación o de sanidad.

El PP buscará al PSOE también para renovar instituciones como el Tribunal Constitucional o el defensor del pueblo y a CiU para la política económica. En todo caso, Josep Antoni Duran Lleida exigió compromisos claros sobre la financiación de Cataluña, pero solo obtuvo buenas palabras de Rajoy y ningún compromiso claro. El de ayer fue un debate de guante blanco, sin menciones a ETA y con sorpresa: el bronco cara a cara entre Rajoy y Rosa Díez a cuenta de la ley electoral.