La Junta de Extremadura y asociaciones de constructores aclararon ayer que la propuesta para destinar más suelo a vivienda protegida se encuentra en fase de negociación y no hay aún un acuerdo cerrado, como se habría interpretado de las declaraciones realizadas por el presidente de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, el pasado miércoles. Ayer Corominas matizó su anunció y señaló que con sus afirmaciones quería señalar que "las dos grandes organizaciones, tanto Fecons como Apdecoba, me han dicho que están de acuerdo en que pudieran llegar a un acuerdo sobre el suelo". El miércoles, sin embargo, el responsable de Vivienda dijo que el acuerdo entre las partes podría estar cercano y abogó por cambiar la ley actual para permitir que un 50% del suelo se dedicara a vivienda protegida, en lugar del 25% actual.

En ese sentido, Corominas profundizó señalando que ambas organizaciones, "están dispuestas a reconocer que habían ganado muchísimo dinero, pero también a reconocer que la vivienda libre ya no tiene salida". Por ello, reiteró que "es el momento de hacer vivienda protegida", reduciendo los márgenes de "beneficios escandalosos" de los promotores, fruto de su "egoísmo empresarial.

Las declaraciones no han gustado entre las asociaciones de constructores. Fecons --en un comunicado respaldado por Pymecon-- reconocen que hubo reuniones en la que se habló sobre viviendas protegidas, pero no en los términos expresados por Vivienda. Niegan los elevados beneficios que, según Corominas, ascienden a 121.000 euros por vivienda libre y además, denunciaron la "miopía política" de la Junta en esta materia. "Si la Administración, con una política de vivienda más realista, hubiera ajustado los precios finales a la realidad de los costes, se hubiesen seguido haciendo VPO, reduciendo la presión sobre la vivienda libre", comentaron.