Hay más puntos limpios, más plantas de reciclaje, pero también más basuras depositadas en zonas no autorizadas para ello. El esfuerzo del Gobierno extremeño en materia de residuos no está sirviendo para frenar las escombreras y los vertederos ilegales, ubicados en algunos casos en zonas protegidas para el medio ambiente. La denuncia de una escombrera ilegal de más de 12.000 metros cuadrados en Guadalupe elevada hace unos días a la Fiscalía de Medio Ambiente por Ecologistas Extremadura, saca a la luz otras situaciones similares repartidas por la geografía extremeña, muchas de ellas en grandes núcleos de población que cuentan precisamente con infraestructuras para verter basuras. La zona del Gurugú y Las Cuestas de Orinaza en Badajoz, la de la Charca de Musia en Cáceres, las proximidades del ferial de Plasencia, y otros núcleos de población más pequeños como Orellana de la Sierra y Talarrubias son ejemplos de vertederos ilegales.

El Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX), con vigencia hasta el año 2015, tiene entre sus objetivos "erradicar el vertido y eliminación incontrolada de residuos, con especial atención a los residuos de construcción y demolición, lodos de depuradora y residuos plásticos de uso agrario". Además, contempla prevenir la generación y peligrosidad de los residuos; fomentar la reutilización y recogida selectiva de los residuos con el objetivo de disminuir la cantidad destinada a eliminación; adoptar medidas para promover la recogida selectiva de biorresiduos para su compostaje y digestión; e incrementar las plantas de reciclaje y mejorar las existentes, especialmente las dedicadas al tratamiento de residuos de construcción y demolición. Otros fines son mejorar la información disponible sobre residuos; garantizar la eliminación segura de los residuos y promover la autosuficiencia de instalaciones para este fin, e incentivar la implicación de las Administraciones públicas y entidades privadas en el logro de objetivos ecológicos ambiciosos.

El portavoz de Ecologistas Extremadura, Pablo Ramos, reclama "más vigilancia y control" por parte de las administraciones públicas en aquellas zonas con plantas de reciclaje "para que no se tiren basuras en otros sitios" creando esas escombreras y vertederos ilegales, que contaminan el medio ambiente, dañan zonas protegidas y vierten basura al cauce de ríos. "Las basuras urbanas están más o menos solucionadas, pero lo de los escombros en lamentable, porque allí también se echan basuras y por eso arden y hay infecciones". A este respecto, insiste en que "la Junta tiene mucho que decir, porque es la que tiene los medios suficientes para erradicar estas situaciones", muchas más posibilidades que los ayuntamientos.

RIPIOS Y DEMOLICIONES En este sentido, el pasado viernes el Consejo de Gobierno aprobó un decreto, que ayer publicó en el DOE, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos procedentes de la construcción y de las demolición en Extremadura, con el fin de garantizar, entre otros, la defensa del medio ambiente y la reducción del impacto paisajístico. La normativa prohibe "el abandono y vertido incontrolado de los residuos y su depósito en vertederos sin que hayan sido sometidos a la correspondiente operación de tratamiento".