No solo las cuentas municipales. Bienes públicos del Ayuntamiento de Plasenzuela como el viejo colegio, una antigua fábrica relacionada con las minas y el suelo del paraje La Jarilla --donde se ubican la ermita de la Cruz de Mayo, el albergue y algunos chozos-- permanecen embargados por las deudas que el consistorio arrastra, la mayor parte de ella tras los once años de José Villegas como alcalde (1997-2008), al que el Juzgado de Trujillo atribuye cuatro delitos de malversación y fraude de subvenciones, en contrataciones públicas y a la Seguridad Social dentro de la presunta trama de prevaricación en la que también están acusados el exedil socialista Francisco Crespo Toril y el todavía secretario del ayuntamiento, Leopoldo Barrantes. Además, el juez atribuye al primer edil de Torremocha, Domingo Durán, un delito de fraude y exacciones ilegales en diversas obras realizadas para este ayuntamiento durante los mandatos de Villegas.
Según los cálculos municipales, la deuda de esta localidad de apenas 600 habitantes supera los cuatro millones de euros y podría alcanzar los seis millones. Ni siquiera el actual equipo de Gobierno sabe cuál es la cifra exacta, pues aseguran que casi a diario encuentran nuevas facturas pendientes de pago. La parte más importante de esta deuda es con la Seguridad Social, pero también hay cuentas pendientes con entidades financieras --por créditos--, proveedores e incluso con Hacienda.
La consecuencia directa es que la mayoría de los bienes municipales están embargados o hipotecados. Así, de acuerdo con los datos facilitados ayer por el actual alcalde de Plasenzuela, el socialista Adrián González, están bajo embargo las cuentas municipales, el antiguo colegio, una vieja fábrica ligada a las minas del entorno y el suelo del paraje La Jarilla --donde está una de las ermitas y el albergue--. A esto hay que añadir, que tanto sobre la residencia de ancianos, como sobre su ampliación --residencia asistida, aún sin terminar-- y dos naves industriales pesan sebdas hipotecas. El primer edil negó que estén en esta situación diversos inmuebles, como las propias ermitas, el albergue y otras cuatro naves, como apuntaron ayer desde el Partido Popular. Tampoco sobre el inmueble de la casa consistorial, el cementerio y la casa de cultura pesa ninguna carga por las deudas municipales.
LOS INGRESOS La situación de asfixia es tal que la actual corporación --de la que ya no forma parte ninguno de los imputados salvo el secretario-- decidió el año pasado conceder la gestión de la residencia de mayores a una empresa privada para tratar de obtener algunos ingresos. Según fuentes consultadas, el ayuntamiento ingresa al mes 18.000 euros por esta concesión, que incluye la residencia de mayores y su ampliación. Además, hace dos meses se aprobó la venta de dos almacenes semiabandonados que también pertenecían al consistorio.
Precisamente la residencia ocupa el centro de esta trama. Porque de acuerdo con la información facilitada por fuentes próximas a la investigación, José Villegas y su socio Francisco Crespo Toril se han apropiado, presuntamente, de cerca de dos millones de euros que la Junta destinó a este centro de mayores entre los años 2004 y 2008 en concepto de subvenciones. Asimismo, pesa sobre ellos la acusación de desviar fondos municipales hacia las empresas de servicios geriátricos que ambos tienen sin que exista constancia de la prestación de esos trabajos. Además, la consultora propiedad del secretario, Leopoldo Barrantes, habría facturado unos 20.000 euros a Villegas y Crespo por servicios que no está acreditado que hiciera y que se pago con dinero sustraido al ayuntamiento. Barrantes también percibió dinero de la residencia por diversos trabajos de gestión, según estas fuentes.
Adrián González reconoció ayer que el ayuntamiento ha realizado pagos a algunas de estas empresas --como la gestoría-- incluso después de haber denunciado los hechos a la fiscalía --en julio del 2008--. Según esgrime, se hizo para no comprometer más aún la situación financiera del consistorio, acuciado por los embargos e las hipotecas.
Desde el actual equipo de Gobierno también explican que la situación es tan delicada que para poder abonar las facturas a los proveedores tienen que esperar a que llegue el requerimiento judicial.
La deuda del consistorio de Plasenzuela tiene dos pilares: por un lado está lo que se debe a la Seguridad Social (unos 3 millones de euros) y por otro, los pagos pendientes con las entidades financieras (1,5 millones). Los proveedores tienen pendiente de cobro, aproximadamente, medio millón.
