Los datos ofrecidos por Apamex-Cocemfe, entidad que agrupa las asociaciones que representan a los discapacitados extremeños, son concluyentes: de las 56 plazas reservadas a este colectivo en la última oferta de empleo público resuelta por la Junta, y que corresponde al 2003, sólo se cubrieron 27, menos de la mitad. Estas plazas incluyen tanto el cupo del 5% de reserva obligado por ley, como once plazas convocadas expresamente para el colectivo de personas con discapacidad psíquica originada por retraso mental, que fueron las únicas que se cubrieron al 100%.

Además, el informe aporta otro dato relevante, como es que en las categorías donde se exige mayor cualificación no se cubrió ni una de las plazas ofertadas. Así, en titulados superiores (cuatro plazas reservadas) no hubo ni un solo aprobado, igual que ocurrió en el cuerpo técnico (cinco plazas reservadas) y en el administrativo. Mientras en el auxiliar, de ocho plazas se cubrieron dos. Esto en cuanto a funcionarios. En el apartado de laborales, ni en en grupo I (una plaza reservada) ni en el II (ocho plazas) hubo aprobados. En cambio, en el III se cubrió el único puesto ofrecido, y en el IV, de las cuatro plazas se cubrió una. Finalmente, en el grupo V, de 13 plazas se cubrieron 12, que correspondían a ayudantes de cocina, camareros-limpiadores, ordenanzas y peones agrícolas.

Esta misma cuestión es analizada en el informe del CES desde otra perspectiva. En el estudio se analiza la antigüedad en el puesto de los discapacitados que prestan servicio en las distintas administraciones. El resultado es que entre funcionarios del Estado y de la Junta, la mayoría de los discapacitados con plaza llevan más de cinco años en el puesto de trabajo. Esto es interpretado como que "las medidas de reserva de plazas no están siendo lo efectivas que pudiera suponerse, ya que en los últimos dos años sólo ha ingresado un porcentaje pequeño de trabajadores con discapacidad que se encuentre en la actualidad prestando sus servicios".

Problema repetido

La afirmación recogida en el estudio del CES se fundamenta en el repaso histórico de las convocatorias de puesto en la Administración autonómica en los últimos diez años. Los datos apuntan que el porcentaje de reserva --que primero estaba por ley en no menos del 3% y luego en no menos del 5%-- han ido aumentando desde el 3,6% de la primera convocatoria recogida hasta el 8,9% de la última. Sin embargo, el resultado global confirma el dato de Cocemfe relativo a la última convocatoria. En el apartado de funcionarios, de las 129 plazas reservadas se cubrieron 63.

En cuanto a laborales, la situación es aún peor, puesto que de las 105 plazas reservadas en todas las convocatorias de la década, apenas se cubrió una de cada cinco.

Igualmente, el informe del CES confirma que las plazas reservadas que se cubren pertenecen casi en exclusiva a los grupos con menor cualificación. De este modo, de las 55 plazas de funcionarios cubiertas, sólo tres eran del cuerpo superior y una del técnico. En el otro extremo, 22 puestos de los ocupados pertenecían a auxiliares administrativos, nueve a administrativos y otros 19 a subalternos.