Para aquellos conductores que cometen algún delito contra la seguridad del tráfico el Código Penal contempla dos penas alternativas: prisión, de 3 a 6 meses; y trabajos en beneficio de la comunidad --en ambos casos, siempre, la retirada del permiso de conducir y multas--.
En la mayoría de los casos la pena que se impone, siempre que no haya víctimas, es la de trabajos en beneficio de la comunidad que, aunque tiene que ser aceptada por el condenado, este normalmente acepta porque de no ser así sería sustituida por la de prisión.
El problema que se plantea, al menos en Extremadura sucede, es que las plazas de que se dispone en la comunidad para cumplir las penas de trabajo social "no son ya suficientes". Así lo reconoció ayer a este diario el fiscal delegado de Seguridad Vial de Badajoz, Diego Yebra, quien señaló que tras la reforma son muchos los condenados que han de esperar mucho para poder cumplir las penas por falta de plazas, más aún desde que los ayuntamientos de Badajoz y Mérida se negaron a acogerlos. "No les interesa, les sale más rentable y les da menos problema contratar a trabajadores".
De la ejecución de estas condenas se encarga la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que para ello tiene convenios con ayuntamientos, entidades sin animo de lucro u organizaciones no gubernamentales con el fin de que oferten plazas para que los penados ejecuten los trabajos en beneficio de la comunidad.
Extremadura disponía al inicio de este año de 291 plazas para que los condenados realicen dichos trabajos, cinco de ellas de la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias --plazas de limpieza, mantenimiento, labores de jardinería y de apoyo a los servicios sociales penitenciarios-- y 286 fruto de convenios con la Fempex (Federación de municipios y provincias), para diferentes tareas en distintos ayuntamientos de la región.
