La crisis económica ha acentuado las necesidades de formación de muchos trabajadores tanto en situación de paro como en activo. "La demanda de formación ha aumentado de una forma impresionante. Antes había cursos para todo el mundo. Ahora se tiene que decir que no a mucha gente. Para un curso de celador con quince plazas hemos tenido hasta 250 peticiones, o en cursos de asistencia a enfermos de alzhéimer 60", resalta Miguel Coque, secretario de Formación y Empleo de CCOO.
Unas 4.200 personas pasan cada año por los cursos que gestiona este sindicato en la región, tanto de formación continua como para parados. A juicio de Coque, en una coyuntura económica como ésta en la que se está destruyendo empleo, deben redoblarse los esfuerzos para formar a aquellos trabajadores que no tienen cualificación, "fundamentalmente del ámbito rural, y muchos de ellos mujeres". Igualmente, explica, también hay que recualificar a quienes han estado empleados en los sectores más perjudicados por la crisis, especialmente la construcción, y que ahora se deberían transferir a otros "sectores emergentes". En este sentido, cree que se debe hacer hincapié en esa generación de jóvenes que como consecuencia del boom de la construcción abandonó su formación y tras trabajar "8 o 10 años en este sector" ahora se encuentra sin empleo y sin apenas formación.
Sobre cuáles pueden ser estas actividades, considera que es algo que "todavía hay que definir", aunque cita algunas como las relacionadas con las energías renovables y la ley de dependencia, el tratamiento de aguas, la reforestación o la agroindustria.
Coque también resalta la necesidad de desarrollar un sistema de certificación profesional. Un real decreto promulgado en noviembre del año pasado permitirá equiparar con la formación profesional aquella que se recibe a través de cursos o la propia experiencia profesional del trabajador. "No solo tenemos que formar al trabajador, sino que esas enseñanzas estén homologadas independientemente de la comunidad autónoma o del país de la UE en los que esté".
Por este motivo, incide en que hay que poner en marcha un instituto de cualificación --para el que ya existe, indica, compromiso de la Junta--, o un registro de certificados profesionales.
Construcción y metal
La Federación de Metal, Construcción y Afines del sindicato UGT (MCA-UGT) en Extremadura impartirá este año entre 120 y 125 cursos dirigidos fundamentalmente a trabajadores en activo y a los que asistirán entre 1.300 y 1.400 personas. El secretario general de esta formación, Miguel Angel Rubio, señala que a la hora de programar la temática de los cursos se cuentan con "dos observatorios. La propia realidad de cada sector, con las necesidades que nos trasmite la patronal, y los cuestionarios que en todos los cursos se facilitan a cada alumno para que manifieste cuáles son sus intereses".
Actualmente, entre los cursos más demandados por los profesionales del metal y la construcción están los de obtención del carnet C+E (camiones), lectura de planos, gruista, carretillero o colocador de andamios (la normativa exige que los trabajadores que desarrollan esta labor tengan reconocida su profesionalidad). Otro de los cursos más impartidos es el básico de prevención de riesgos laborales (de apenas ocho horas) que es una de las condiciones básicas para obtener la tarjeta profesional de la construcción, que será obligatoria a partir del 1 de enero del 2012.
Por otro lado, Miguel Angel Rubio considera que es necesario contar con un estudio "exhaustivo" de las necesidades de trabajadores cualificados que se tendrán en el caso de que se construya la refinería en Tierra de Barros. "Va a haber una importante demanda de, por ejemplo, soldadores homologados. A lo mejor ya existen magníficos profesionales en este ámbito, pero van a necesitar un papel que lo acredite".
