En unos 130 millones de euros se calcula el valor total del material intervenido por fraude a la propiedad intelectual e industrial durante el 2002 en toda España, lo que requirió más de 2.000 intervenciones policiales y un total de 2.660 personas detenidas por ese tipo de delitos.
Un 92% de las actuaciones contra la propiedad intelectual afectaron a la industria discográfica, donde el fraude aumentó un 19% sobre el año anterior, mientras que en propiedad industrial los sectores más falsificados fueron textil y relojería. El producto de las intervenciones por piratería intelectual supuso 34 millones de euros del total valorado y 96 millones el resto, informa Efe.
Los datos fueron facilitados ayer por el secretario general técnico del Ministerio de Educación y Cultura, José Luis Cádiz Deleito, y por el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, José López Calvo. Ambos presiden grupos de trabajo en la llamada Comisión Interministerial Antipiratería que se creó en enero del año 2000, con nueve ministerios y bajo la presidencia de la ministra de Cultura, Pilar del Castillo.
EL PROBLEMA
"Alcanzar aquí la punta del iceberg es algo muy complicado" advirtió López Calvo al plantear las dimensiones del problema de la piratería intelectual e industrial durante una conferencia de prensa, como "tampoco es posible conocer la cifra negra del total de defraudaciones", precisó el comandante de la Guardia Civil Luis Valles, jefe del grupo de lucha contra este tipo de delitos.
Fernando Gómez Avilés, director del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, en cuya sede se presentó el informe consideró que "la actuación del estado para frenar el problema es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de la economía de un país y por eso va en aumento, aunque resulte insuficiente".
En torno a un cinco o siete por ciento del comercio mundial se calcula que es pirata y, según estimaciones, este tipo de fraude destruiría unos 100.000 empleos al año en Europa, "sin olvidar que afecta a otros campos, como la salud de las personas", apuntó López Calvo.
Félix Velayos, inspector jefe de la Policía Nacional, recordó que al top manta se le trata con mano ancha ya que esas personas sólo "constituyen la mínima expresión de un delito que proviene de otros frentes", sin olvidar que en tales controversias sociales "es imprescindible impedir que sea el delincuente quien saque provecho".
Cádiz Deleito y López Calvo destacaron la "actuación creciente" del Estado para poder atajar el problema y mencionaron cuatro direcciones: los intentos de coordinación internacional, el aumento de la represión y las medidas legislativas y de concienciación social.
El informe dice que el grueso de las intervenciones policiales se realizaron sobre todo en las regiones de Andalucía, Valencia y Cataluña.
Por otra parte, el PP calificó ayer de "incumplimiento leve" que España no haya realizado aún la transposición de la Directiva comunitaria en materia de derechos de autor, lo que ha provocado la apertura de un expediente por parte de la UE. En declaraciones a Europa Press, Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz popular en el Congreso de los Diputados recordó que lo que el Gobierno intenta "es una revisión profunda de la Ley de Propiedad Intelectual, que es muy necesaria".
