La Junta Regional de Seguridad, celebrada ayer en Badajoz, incidió en la necesidad de cumplir el protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, en materia de violencia de género, un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), mediante el que se establece que los agentes de los citados cuerpos deben trabajar de forma complementaria para velar por el cumplimiento de las órdenes de protección y alejamiento.
En la actualidad, en Extremadura hay 1.377 órdenes de protección y alejamiento por violencia de género dictadas por los tribunales de justicia, según los datos ofrecidos por la delegada del Gobierno, Carmen Pereira.
De las 1.377 órdenes, en la provincia de Badajoz el Cuerpo Nacional de Policía debe vigilar 617 --de ellas el mayor número corresponden a la capital pacense--, mientras que a la Guardia Civil le corresponden 237.
Por su parte, en la provincia de Cáceres 330 órdenes son competencia de la Guardia Civil y 193 del Cuerpo Nacional de Policía.
De momento, la prioridad para Pereira es establecer los mecanismos de colaboración entre los agentes del Estado y los de las policías locales, para que velen por el cumplimiento de estas órdenes, por lo que la Delegación del Gobierno enviará una carta a todos los ayuntamientos de la región a fin de que convoquen cuanto antes juntas locales de seguridad para poder desarrollar el programa de forma adecuada.
Una prioridad
En los últimos meses la vigilancia y control de los malos tratos ha sido una de las prioridades de la Administración central, que ha puesto en marcha programas preventivos encaminados a mujeres maltratadas y en situación de riesgo, como la vigilancia por GPS, un plan que ya se aplica con total garantía en la región.
Actualmente, 28 extremeñas cuentan con un servicio de teleasistencia móvil con GPS para víctimas de violencia de género. Este programa ofrece vigilancia policial a las mujeres que lo solicitan y cuentan con una orden de protección dictada por el juez, a fin de evitar nuevas agresiones por parte de sus exparejas.
Esta cifra supone que cuatro de cada cien mujeres extremeñas que disponen de esta orden consideran que el dictamen judicial no es suficiente para garantizar su integridad física, por lo que han solicitado entrar en este programa de vigilancia especial que se lleva a cabo las 24 horas del día.
Los últimos datos indican que las órdenes de protección se dictan cada vez con mayor frecuencia en la región. En cuatro de cada diez denuncias presentadas por maltrato en Extremadura los jueces suelen adoptar esta medida en beneficio de la víctima.
