La celebración de elecciones generales suele propiciar la impresión de que los perdedores se quedan sin poder. Nunca es así. Tras el 14 de marzo, el PP sigue controlando 9 de las 17 autonomías, 3.240 de las 8.108 alcaldías de España (28 de ellos en capitales de provincia), 19 diputaciones provinciales e instituciones fundamentales para el funcionamiento del país.

El PP influirá decisivamente en instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal de Cuentas, como resultado de la mayoría absoluta que tuvo en el Parlamento la pasada legislatura.

El CGPJ, que se encarga del gobierno de los jueces, tiene 21 vocales y un presidente que no pueden ser cambiados hasta dentro de dos años y medio, porque su mandato no termina hasta entonces. El Gobierno del PP propuso a 11 de ellos, además de al presidente (Francisco Hernando). La oposición sólo tiene 9 (7 socialistas, uno de CiU y otro de IU).

Con el Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza a los partidos y las instituciones, el plazo de espera es aún mayor. Aunque su presidente, Ubaldo Nieto, puede perder el cargo en noviembre porque acaba el plazo presidencial, seguirá en el tribunal, como los otros 9 miembros, hasta dentro de seis años y medio. Y 7 de sus 12 miembros son del PP. Ayuntamientos y diputaciones claves

El PP obtuvo 3.240 alcaldes en las elecciones del 15 de mayo del 2003. Junto a las 19 diputaciones provinciales que controla, tiene regidores en 28 ayuntamientos que son capitales de provincia, muchos de los cuales son especialmente significativos por su población o por su gran influencia. Es el caso de Madrid, Valencia, Burgos, Palma de Mallorca y Las Palmas, ayuntamientos que han sido mimados por el Gobierno del PP con grandes inversiones y cuya gestión podrá rentabilizar en el futuro.

El PP quiere utilizar a esos ayuntamientos, junto a otros como Cádiz, donde se promocionó abiertamente a Teófila Martínez, la candidata a la presidencia de la comunidad autónoma andaluza, o como Alicante y Valladolid, por poner dos ejemplos relevantes, como punta de lanza de la recuperación electoral.

Más importantes son aún las alcaldías que controla el PP en los territorios gobernados por el PSOE o por otros adversarios. Es el caso de Vitoria, la capital de la comunidad autónoma vasca, cuyo alcalde, Alfonso Alonso, es un hombre decisivo en la lucha de los conservadores contra el plan del lendakari, Juan José Ibarretxe.

También son fundamentales, en ese sentido, las capitales de provincia de Extremadura, la comunidad que gobierna el socialista Juan Carlos Ibarra. El alcalde de Badajoz, Miguel Angel Celdrán, y el de Cáceres, José María Saponi, han sido esenciales en la consecución de un empate de diputados para Cortes.

Algo parecido sucede en Toledo y Ciudad Real, ciudades de la Castilla manchega que rige José Bono. Pese al carisma del presidente socialista de la región, el PP ganó en escaños, aunque José Manuel Molina, el polémico alcalde toledano se haya hecho famoso por comparar a Zapatero con Hitler.

Gabino de Lorenzo, el primer edil de Oviedo, un infiltrado en Asturias, comunidad gobernada por la izquierda (PSOE e IU) y presidida por el socialista Vicente Alvarez Areces, es otro dirigente al que el PP quiere seguir promocionando. En Santander, donde los socialistas gobiernan con los regionalistas locales, el alcalde Gonzalo Piñeiro es considerado imprescindible por Mariano Rajoy.

Además de utilizar esas alcaldías para desgastar al PSOE en el futuro, el PP también controla centros de gestión importantes, como las diputaciones provinciales. Tiene presidentes en provincias de enorme presupuesto, como Valencia, Valladolid y León. Y, en muchos casos, los presidentes son líderes fundamentales del partido, como en la de Alava, con Ramón Rabanera a la cabeza; Gran Canaria, dirigida por José Manuel Soria, y la de Lugo, que rige Francisco Cacharro Pardo.Autonomías con mucho peso político

Además de los ayuntamientos y diputaciones, el partido conservador sigue contando con 9 de las 17 autonomías españolas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son autonomías que tienen mucho peso político y económico y Rajoy está decidido a utilizarlas contundentemente contra Zapatero, aunque en algunas de ellas ya se ha sembrado el germen de la división.

Es el caso de una de las más importantes, la Comunidad Valenciana, donde el sustituto de Eduardo Zaplana, Francesc Camps, se ha enfrentado con su antecesor por el control de los resortes de poder, especialmente de los económicos. El hecho de que Zaplana se haya quedado sin ministerio en Madrid puede provocar su vuelta a Valencia, y la sangre, hasta ahora no derramada, puede hacer acto de presencia.

No es el caso de Madrid, aunque Esperanza Aguirre mantenga un pulso permanente con el alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Aguirre se hizo con el poder tras el caso Tamayo y está decidida a usar su influencia para recomponer las fuerzas del PP en favor de Rajoy, a quien es fiel a petición de Aznar.

Especialmente importante para el PP es su feudo gallego. La permanencia de Manuel Fraga en el poder, pese a su edad, y la disputa del voto de izquierdas entre el PSOE y el BNG han permitido que los conservadores sigan fuertes. La misma fortaleza tienen los populares en Navarra, donde la fusión del PP y la Unión del Pueblo Navarro les garantiza la continuidad.

Castilla y León sigue siendo el segundo feudo conservador, aunque Zapatero les haya arrebatado algunos escaños. El PP también mantuvo el tipo en Baleares, La Rioja y Murcia.

La única comunidad en la que el PP gobierna pero no controla la presidencia es Canarias. Además, las cosas pueden torcérsele en las islas: fuentes de Coalición Canaria, su socio en el Ejecutivo autónomo, aseguraron ayer a este diario que el partido está dispuesto a negociar con los socialistas incluso la ruptura de ese Gobierno a cambio de la colaboración estable en Madrid.