La polémica tras el asesinato de la pequeña Mari Luz, a raíz de los errores judiciales detectados, no le es ajena a las juntas de jueces de Badajoz y de Cáceres, que se pronunciaron mostrando su preocupación por lo ocurrido y demandando medidas para evitar que casos similares, derivados entre otras causas del excesivo número de ejecutorias pendientes, puedan ocurrir en el futuro.

Ambas juntas de jueces urgieron reformas para "endurecer las penas y controlar a condenados por delitos sexuales", además de pedir que se dote a las oficinas judiciales de medios, que pasan por cubrir vacantes y modernizar y mejorar el "obsoleto sistema actual", y poner en marcha la nueva Oficina Judicial, que instauró la Ley Orgánica del Poder Judicial en su reforma del año 2003.

Y en ambos casos se coincidió con la afirmación de la Junta de Jueces de Sevilla de que existe el "riesgo cierto" de que en cualquier juzgado, "por la sobrecarga de trabajo, la sustitución de las bajas de forma tardía y por personal no cualificado", se repita un error como el de la puesta en libertad del asesino Mari Luz.