Algo falla en el sistema judicial cuando solo se condena al 0,1% de los autores de un delito. Esta es la reflexión que ha querido trasladar Greenpeace con la publicación de un informe sobre la respuesta judicial ante los incendios forestales que se producen en el país, y del que sacan la conclusión de que prender fuego al monte sale poco menos que gratis a sus autores.

Los datos que ha podido recabar esta oenegé de las distintos tribunales y audiencias de la justicia española así lo revelan: sólo uno de cada mil responsables de incendios acaba siendo juzgado, lo que no garantiza que el autor del incendio sea condenado por ello. Y cuando lo hacen, a pesar de que la Ley contempla condenas de hasta 20 años de cárcel, éstas se ven reducidas consideablemente. Se calcula que detrás del 80% de los incendios forestales está la mano del hombre. Sin embargo, y según los datos de Greenpeace, en Extremadura sólo se ha dictado una sentencia condenatoria contra el autor de uno de estos siniestros, y otras tres absolutorias por negligencia, a lo largo de la última década.

En España, de los más de 3.150 fuegos que hubo en España el pasado año 2007, solo se dictaron 82 sentencias condenatorias y 19 absolutorias por delito de incendio forestal, y eso que incluso desde la propia organización ecologista se reconoce que en los últimos años se ha producido avances. Así al menos ocurre en lo que respecta a la localización y sanción de los responsables de los incendios forestales, y también en la reducción del tiempo que transcurre desde que se produce el fuego hasta que se celebra el juicio.

El informe ´Incendios Forestales ¿El fin de la impunidad?´ recoge la percepción generalizada de la sociedad española de que el fuego es uno de los principales problemas ambientales, y que provoca grandes pérdidas económicas y alarma social, sin que ello tenga una respuesta proporcional desde el ámbito judicial. ¿Qué ocurriría si solo uno de cada mil robos fueran llevados a juicio? ¿O asesinatos? ¿O casos de maltrato familiar? La respuesta es tan sencilla como imaginar las consecuencias que la ciudadanía haría recaer sobre los órganos judiciales si así ocurriera. Otro dato: solo el 5,49% de la superficie quemada durante los últimos diez años ha tenido una sentencia como réplica.

La falta de medios y colaboración del resto de administraciones podrían tener la respuesta a esta falta de actuación. De hecho, el Plan Infoex, que es el responsable de la lucha contra los incendios en Extremadura, tiene entre su plantilla a cuatro investigadores encargados de colaborar con las fuerzas de seguridad para estudiar las causas y dar con los autores de, en este caso, los aproximadamente 640 incendios que se estiman fueron provocados el año pasado por la mano del hombre, ya sean intencionados o por negligencias, o los 1.300 del año 2004, en su mayoría concentrados en los tres o cuatro meses de más calor, que son aquellos en los que más fuegos se declaran. ¿Hay personal suficiente para dar con los responsables? Según el informe de Greenpeace no, puesto que reclama un mayor esfuerzo en el estudio de las causas de los incendios como medida preventiva, impulsar una investigación policial bien dotada de personal técnico, además de conferir a los fiscales medios suficientes, con peritos especializados.