José M. D. es natural de Santa Amalia y era uno de los muchos clientes de Telefónica que cuando otras operadoras de telefonía les ofrecieron nuevas tarifas, mejores servicios y regalos decidió venderse al mejor postor. Pero esta aventura por el mundo de la telefonía no siempre acaba bien.

José M., después de un tiempo con su nueva operadora, decidió que era el momento de cambiarse de nuevo en busca de mejores tarifas. Y en qué hora. Después de incrementar considerablemente su factura intentando darse de baja de su compañía y no conseguirlo telefonicamente, lo que sí consiguió fue un número de fax al que mandar su baja. Escribió su petición, la mandó, pagó su última factura y pensó, erróneamente, que su vinculación con esa compañía era historia. Pero no fue así, todo lo contrario. A partir de ese momento, comenzó lo que J. M. considera "una actuación incomprensible por parte de la compañía telefónica que no he visto nunca".

Y es que pese a haberse dado de baja, un mes sí y otro también, J. M. seguía recibiendo más facturas con costes que correspondían a un servicio que nunca le habían cobrado y que, ni sabía que existía ni lo había utilizado. J. M. dio aviso a su entidad bancaria de que no pagara ninguno de estos recibos y la respuesta de la compañía fue la de, a través de una asesoría jurídica, amenazar en una carta a J. M. con incluirle en el registro de solvencia patrimonial si no pagaba en un plazo de nueve días el dinero que la operadora telefónica le reclama.

Con la presión de la última carta y sin saber realmente cómo solucionar el tema, su última opción ahora es la de acudir a la Junta Arbitral de Consumo para que decida qué pasa con su caso (uno más entre las muchas reclamaciones).

Antes de que pase esta semana, José tramitará su reclamación convencido de que tiene razón y con la esperanza de que la Junta Arbitral de Consumo resuelva a su favor como está ocurriendo últimamente según le han informado en la Unión de Consumidores de Extremadura.