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ASIGNATURA PENDIENTE

Presos (de la decisión) de la banda

La izquierda aberzale confía en el fin de la dispersión H El Gobierno solo sopesa la disolución definitiva de ETA

 

Presos (de la decisión) de la banda -

A. UBARRETXENA / A. VÁZQUEZ
09/04/2017

La izquierda aberzale y el colectivo de presos confían en que el desarme de ETA propicie el fin de la dispersión y agilice las excarcelaciones. Pero esa opción no parece que entre en los planes del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha acogido el anuncio de la organización terrorista, que ve un mero acto propagandístico, sin modificar un ápice su mensaje de los últimos años relativo a que lo que tiene que hacer la banda terrorista es disolverse.

Tras décadas de resistencia y apuesta por la cohesión a ultranza del frente de makos, Sortu ha pasado a avalar públicamente la opción de acogerse a beneficios penitenciarios de manera individual, siempre que no conlleve arrepentimiento ni delación. No le ha quedado más remedio ante el enrocamiento del Ejecutivo cara al futuro de los 360 presos de ETA: 280 en España y unos 80 en Francia, entre ellos, las últimas cúpulas de la banda.

A nadie se le escapa que el Ejecutivo no tiene razones para cambiar una estrategia que se ha demostrado eficaz para acabar con ETA y que conjura las críticas de los colectivos de víctimas. La disolución de la banda terrorista es una exigencia que frena cualquier reclamación a corto plazo. La izquierda aberzale lo sabe, y por eso desea que cuanto antes se den pasos hacia ella. No solo porque una ETA desarmada reconvertida a organización política supondría un peligroso «contrapoder» para EH Bildu, sino porque cada pronunciamiento público removería el pasado y dañaría su proyecto independentista.

Eso sí, la izquierda aberzale mantiene su reclamación de que los gobiernos español y francés no cumplen sus propias legislaciones penitenciarias, porque han optado por un enfoque «de guerra y venganza». Cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad vasca: la última encuesta del área de Prospección Sociológica, que depende del Gobierno de Euskadi, señaló que un 81% de los vascos apoyan la reinserción de presos etarras, y solo el 9%, la dispersión.

Situación en las cárceles

ETA ha demostrado su capacidad para, pese a todo, mantener al colectivo de reclusos unido. Los arrepentidos han sido excepciones y el grueso de los condenados han mantenido la disciplina. Pero la situación cambió tras el adiós a las armas, con la aparición de disidencias públicas.

Hubo un punto de inflexión en enero, cuando 35 miembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), a cambio de condenas que les permitieron eludir la prisión, reconocieron su «instrumentalización» por parte de ETA y admitieron el «daño» causado a las víctimas del terrorismo.

En paralelo, el colectivo de presos políticos vasco (EPKK) asumió a finales del 2014 que su única alternativa era la asunción de la legalidad penitenciaria española. El último gesto, y el de más calado, llegó el pasado diciembre, cuando apostó por «utilizar las diferentes posibilidades existentes en el ámbito jurídico» para «vaciar las cárceles», aunque «con los límites del arrepentimiento y la delación».

Entre las contradicciones surgidas, ninguna como la de Anton López Ruiz, Kubati, el terrorista que en 1986 asesinó a la exdirigente de ETA Dolores González Katarain, Yoyes, por abandonar la banda, y anima ahora a los reclusos de la banda a que utilicen «cauces legales» para facilitar su excarcelación.

Del otro lado, el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión (ATA), crítico con la estrategia de Sortu, considera que acogerse a beneficios penitenciarios supone «fortalecer la opresión de los Estados» y romper la «unidad» y la «solidaridad» entre los presos. Califica de «chantaje» que el Gobierno central imponga «obligaciones» y apuesta por mantener la postura histórica de no solicitar progresiones de grado.

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