Era la primera vez en Extremadura que una agresión a dos maestras en el colegio Cruz del Río del Villanueva de la Serena se juzgó como delito y no como falta, después de que el fiscal jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, anunciara a las consejeras de Educación y Presidencia que la actuación ante funcionarios públicos --docentes y personal sanitario que desarrolle sus funciones en el servicio público-- se trataría como atentado a la autoridad.

Susi Pereira agredió a la tutora de su hija y otra maestra en octubre del 2007, pese a que aseguraba que la agredida era ella, y año y medio después fue condenada a 18 meses de cárcel y a pagar una multa de seis euros al día durante un mes, además de indemnizar a las docentes con 120 euros. Finalmente, no fue a la cárcel por carecer de antecedentes penales. En principio, se iba a celebrar un juicio rápido por falta, pero la magistrada declaró nulo este enjuiciamiento y solicitó su transformación en diligencias previas para abrir la causa por via penal.

"Las agresiones ya no quedan impunes". Así mostraba su satisfacción el presidente del Colegio de Enfermería de Cáceres, Isidro Nevado, tras conocer la primera sentencia en Extremadura que condenaba el pasado febrero a la esposa de un enfermo a un año de prisión, una multa de 180 euros y una indemnización de 300 euros por agredir a una enfermera en Plasencia. Una condena, la primera en la provincia cacereña, tipificada como un delito de atentado contra una funcionaria pública. La agresión se produjo cuando la imputada trató de subir a la ambulancia para acompañar a su marido, la enfermera le indicó que estaba prohibido y comenzaron patadas e insultos.