Va camino de siete años desde que el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunciara la intención del empresario jerezano Alfonso Gallardo de construir una refinería en Extremadura. El proyecto lo presentaron ambos el 14 de febrero del 2005, pero todo está paralizado en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que ha tenido cuatro ministros desde entonces y ninguno de ellos ha dado luz verde a la iniciativa. En este período la inversión inicial de 1.200 millones de euros se ha duplicado.
Lo cierto es que la tramitación del proyecto lleva acumulando retrasos desde hace años por cuestiones burocráticas. Según la documentación de Medio Ambiente, la solicitud de autorización de la refinería se produjo por parte de Gallardo el 9 de junio del 2005, pero hasta un año después (21 de abril del 2006) no se inició la fase de consultas previas, y pese a que se disponía de tres meses para trasladar a la empresa las respuestas, no se hizo hasta ocho meses después, el 15 de diciembre del 2006. Se abrió entonces un nuevo plazo de dos años máximo para que Gallardo elaborase el Estudio de Impacto Ambiental, este documento se sometiese a información pública y se entregasen las alegaciones a Medio Ambiente. Fue el único plazo que se cumplió (22 meses).
En este punto es en el que de nuevo se ha atascado la tramitación necesaria, el último escollo para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Y es que han sido reiteradas las peticiones del ministerio al promotor sobre detalles como el transporte del oleoducto, las instalaciones en el puerto de Huelva, los vertidos y hasta sobre petroleros. Todos esos requerimientos fueron entregados por el Grupo Alfonso Gallardo a finales del pasado año, con lo que el Gobierno tiene todos los datos y solo queda que se pronuncie sobre la DIA. La última reunión a dos bandas entre Junta y Gobierno al respecto fue el pasado 10 de febrero en el ministerio, hasta donde se acercó el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara para analizar la situación con la actual ministra del ramo, Rosa Aguilar.
El último escollo lo ha provocado la Unesco, que considera que el proyecto, con su oleoducto y su boya de suministro en la costa de Huelva, constituyen un riesgo directo y potencial para la conservación del Parque Nacional de Doñana y su entorno, declarados Patrimonio de la Humanidad en 1994. Sin embargo, el anterior Gobierno extremeño ha reiterado que este organismo internacional no tiene capacidad de decisión sobre la evaluación de impacto ambiental y su informe ni siquiera forma parte del proceso.
Estas cuestiones no han hecho otra cosa que provocar multitud de manifestaciones durante estos años en distintas partes de Extremadura, con miles de personas a favor de la iniciativa industrial y otras tantas en contra. Los plazos iniciales son historia.
